Lula da Silva tras una dura persecución judicial, obtuvo sentencia de carcel.

Brasil vivió ayer uno de los capítulos más dramáticos de su historia democrática, impensable muy poco tiempo atrás y de efecto incierto en la próxima campaña electoral. El expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, ícono de la izquierda latinoamericana, quedó anoche preso en Curitiba, tras un proceso judicial que lo condenó a 12 años y un mes de cárcel por corrupción. La caída en desgracia del máximo líder del Partido de los Trabajadores (PT), favorito para los comicios de octubre, marcó el mayor hito hasta ahora de la operación Lava Jato, que sacudió el país y la región.

El asombroso desenlace ocurrió luego de dos tensos días en los que el exmandatario, de 72 años, se mantuvo atrincherado en el sindicato de metalúrgicos de São Bernardo do Campo, blindado por miles de seguidores con los que desafió una orden de detención del juez federal Sergio Moro. Hasta último momento, cuando Lula ya había decidido entregarse a la Policía Federal después de encabezar un emotivo acto de despedida en la calle, los militantes del PT intentaron evitar su rendición y generaron escenas de desorden que mantuvieron en vilo a Brasil.

"Cuantos más días me dejen preso allí, más Lulas nacerán en este país", afirmó en un tono épico, casi mesiánico, frente a la multitud reunida para el que sería su último discurso político en público antes de las elecciones. Cerca de las 18.45, luego de un intento fallido de salir de la sede sindical, entre forcejeos, el expresidente dejó a pie el edificio y se entregó. De allí, fue trasladado a un aeropuerto de San Pablo y, luego, a Curitiba.

El traslado anoche a la capital de Paraná fue en medio de un fuerte operativo de seguridad, que incluyó camionetas blindadas, avión y helicópteros. El destino final fue la superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, donde empezó a cumplir su pena. Tras su llegada, hubo disturbios en la entrada del edificio y la policía tuvo que lanzar bombas de estruendo y disparar balas de goma para dispersar a los manifestantes que lanzaron palos y piedras contra los agentes. El enfrentamiento terminó con nueve heridos, entre ellos, un policía.

La llegada del exmandatario brasileño fue recibida por fuegos artificiales y bocinazos por sus opositores, mientras que miles de manifestantes se acercaron hasta el lugar de detención para expresarle su solidaridad.

En un desdoblamiento de la operación Lava Jato, el año pasado, el juez Moro de esta ciudad halló culpable a Lula de corrupción y lavado de dinero por haber recibido de la constructora OAS un departamento tríplex en el balneario paulista de Guarujá como soborno en especie por haber garantizado a la empresa millonarios contratos con la estatal Petrobras. La defensa del expresidente apeló la sentencia, pero en enero el Tribunal Regional Federal en Porto Alegre no solo ratificó el fallo por unanimidad, sino que endureció la pena original de nueve años y medio de reclusión a 12 años y un mes. Desde entonces, y hasta ayer mismo, los abogados intentaron en vano numerosos recursos ante las instancias superiores -el Superior Tribunal de Justicia y el Supremo Tribunal Federal- para impedir la prisión de Lula. Ahora podrán seguir apelando la condena, pero ya no con él en libertad.

El PT pretendía -y aún juega con la fantasía- de presentar a Lula como candidato a las elecciones de octubre, para las que encabezaba todas las encuestas, con un 37% de intención de voto. Sin embargo, la ley electoral es clara en señalar que un condenado en segunda instancia no es elegible y por lo tanto el registro de su eventual candidatura debería ser rechazado.

El expresidente está procesado en otras seis causas, varias vinculadas con el Lava Jato, que incluyen crímenes como tráfico de influencias y obstrucción de la Justicia.

"La historia va a probar que ellos [los acusadores] están equivocados. Verán que salgo fortalecido de esto y que soy inocente", resaltó varias veces Lula durante su mensaje público en São Bernardo do Campo, en el que se despachó con enérgicos ataques a la prensa, la Justicia y las élites económicas; según él, todos cómplices de una persecución política para que no vuelva al poder más adelante.

Lo acompañaron en el acto sus hijos, los principales líderes del PT -entre ellos su ahijada política, la destituida expresidenta Dilma Rousseff-, asesores, aliados políticos, intelectuales y artistas.

Pocas horas después, cuando llegó el momento de retirarse de la sede del sindicato en el auto que había enviado la Policía Federal, se vivieron minutos de caos al ser bloqueado su paso por un resuelto grupo de militantes que rompió un portón del patio interior del edificio y cercó el vehículo en el que estaba Lula custodiado. La presidenta del PT, la senadora Gleisi Hoffmann, debió salir a explicar a los seguidores que si el exmandatario no se entregaba, se arriesgaba a que el juez Moro decretara una orden de prisión preventiva que hubiera complicado aún más su situación judicial y habría significado la pérdida de algunos beneficios garantizados por el magistrado para su detención.

Lula quedó alojado en una sala-celda de la Superintendencia de la Policía Federal, separada del resto de los detenidos allí. La habitación cuenta con una cama, una mesa, una televisión, baño privado y dos pequeñas ventanas protegidas. El ingreso tiene rejas, pero será permanentemente custodiado por dos guardias.

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