Fracasó la firma del dictamen del proyecto de Responsabilidad Penal Empresaria

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El oficialismo no pudo avanzar este martes, durante un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Legislación General, con la intención de firmar el dictamen del proyecto de ley sobre Responsabilidad Penal Empresaria impulsado por el Gobierno nacional.

Toda la oposición se ausentó en la reunión, con excepción de la diputada Mónica Litza del Frente Renovador y el legislador Juan Brügge, aliado de ese espacio. Cambiemos utilizó el encuentro para exaltar su intención de arremeter contra la corrupción y cargó contra el resto de las fuerzas políticas por la “falta de voluntad” para tratar este tipo de iniciativas. Además, resolvió convocar a un nuevo plenario este jueves, a las 9. Y en caso de que fracase de nuevo, llamará a reunión el próximo miércoles 21.

A pesar que el oficialismo había acordado con la oposición realizar cambios al texto original enviado por la Casa Rosada -para destrabar el tema-, en las últimas horas el ministro de Justicia, Germán Garavano, y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, se reunieron con el interbloque Cambiemos para pedir nuevas modificaciones.

Por este motivo, Litza subrayó que “seis minutos” antes de la reunión pudo acceder a la nueva versión del proyecto, y señaló que “es escaso el tiempo para poder llegar al alcance de las compresiones de las nuevas modificaciones”.

La presidenta de Legislación Penal, la radical Gabriela Burgos, dijo que este martes por la noche “hubo pequeñas modificaciones” y reconoció que “fueron giradas hoy (miércoles) a la mañana”. En defensa de la ley, aseguró que “la idea es atacar directamente los hechos de corrupción, y esto tiene que ver con cambiar la visión de país que queremos”.

En tanto, el macrista Daniel Lipovetzky, titular de Legislación General, afirmó que la norma para instaurar un régimen penal para personas jurídicas que cometan delitos de corrupción, “es un cambio paradigmático y revolucionario”. Y destacó que “la decisión del oficialismo es tener lo antes posible esta ley”.

Respecto de la cláusula que posibilitaría a empresas como Odebrecht, cuyos delitos ya se cometieron, admitir la infracción frente a la Procuración del Tesoro y poder celebrar un acuerdo de cooperación, Burgos explicó que no será de carácter retroactivo sino “administrativo” y que en el proceso participará también la Sindicatura General.

En este aspecto, el radical Ricardo Alfonsín sostuvo que la Auditoría General de la Nación “debería ser también órgano interviniente” y adelantó que en caso de que esto no se incorpore, “votaré en disidencia”.

Desde la Coalición Cívica, Fernando Sánchez expresó que “Cambiemos tiene una propuesta para terminar con la corrupción”. Fustigó a legisladores de la oposición porque “ni siquiera trajeron dictámenes alternativos” y enfatizó que “el país está podrido en corrupción”.

Por su parte, la diputada del Pro Silvia Lospennato remarcó “el compromiso que tenemos el interbloque de Cambiemos y el que no tienen el resto de las fuerzas políticas”. “Está claro que alguien no quiere que se conozca la verdad, que se investigue y estén las herramientas”, agregó y pidió que si en la próxima reunión no se logra quórum se pase una lista de los diputados ausentes. “Que quedé cada vez más claro quienes quieren luchar contra la impunidad en la Argentina”, completó.

Entre los cambios, se estableció que las personas jurídicas serán sancionadas con una multa entre el 1% -antes era de 0,5%- al 20% de “los ingresos brutos anuales que la condenada hubiere tenido en el último ejercicio anterior a la comisión del delito”.

Entre las modificaciones a pedido del Ejecutivo, se incorporaron tres cláusulas, una de las cuales ofrece la posibilidad de que una empresa sospechada de corrupción, sea transferida o fusionada, quede exenta de cualquier sanción si aplica un plan integral de cumplimiento con las normas de transparencia.

También se introduce la figura del colaborador eficaz, que aplica sobre aquel ejecutivo que aporte información sobre el delito cometido. Otro de los puntos es que se elimina la responsabilidad de las personas jurídicas en cuanto a la actuación de los proveedores y contratistas.

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