La Justicia le da curso a una demanda contra el aumento en los ingresos de los diputados

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La jueza en lo contencioso administrativo María Alejandra Biotti dio intervención al Ministerio Público Fiscal, para que dictamine sobre su competencia en una demanda presentada contra el aumento en la dieta de los diputados nacionales aprobada por los propios legisladores meses atrás.

La magistrada, con la intervención de la secretaria Mariana Sosa, admitió como parte a Rodolfo Llanos, promotor de la “acción declarativa de certeza” contra lo que consideró un “aumento irracional para quienes, en su mayoría, incumplen con sus tareas”.

Llanos, presidente de la Unión de Emprendedores de la República Argentina, se presentó ante la justicia como ciudadano y reclamó que se dicte una medida cautelar que declare “inaplicable” el “aumento del 130 por ciento”, hasta que se defina la cuestión de fondo.

El demandante impugnó la resolución dictada el 6 de junio último por la que el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, con el aval de los bloques mayoritarios, aprobó aumentos en las dietas, al actualizar los montos mensuales de gastos de representación y canje de pasajes aéreos.

En el expediente 39.399/2017, en el que la Cámara de Diputados de la Nación figura como demandada, Llanos sostuvo que el aumento “es manifiestamente ilegítimo y arbitrario” y está reñido con la “ética y la moral, si se tiene en cuenta lo que trabajan los destinatarios del incremento”.

El demandante expuso que, al momento de la presentación de la demanda “hace un mes y medio era público y notorio” que la cámara baja solo había celebrado dos sesiones ordinarias desde la apertura de la Asamblea Legislativa del 1° de marzo.

En su escrito inicial el accionante recordó que “el sueldo de los legisladores, se paga con las cargas impositivas que se trasladan al pueblo de la Nación Argentina, lo que impacta en forma directa en la economía de cada ciudadano”.

Llanos confrontó el aumento a los diputados con los Índices de Pobreza y el estado del sistema de salud, de educación y previsional, para calificarlo como un “abuso de la clase dirigente” y un “proceder bochornoso que nos afecta a todos los que día a día tratamos de construir nuestro presente y futuro trabajando”.

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