Triaca, eclipsado por Quintana: el "superministro" busca destrabar la conflictividad gremial, ante el rechazo de una pauta salarial del 15%

Cuando Mauricio Macri estuvo de gira, el hombre fuerte en la "mesa chica" del Gobierno se metió de lleno en las paritarias.

Se trata de Mario Quintana, el vicejefe de Gabinete, que en las últimas semanas pasó a manejar el tablero de control de la Casa Rosada y, entre otros temas, se puso al hombro la tarea de destrabar las negociaciones salariales, en un año que esa será la variable elegida para desacelerar la inflación.

No es la primera vez que lo hace. El "superministro" protagonizó el año pasado más de una reunión con la cúpula de la CGT para negociar la reforma laboral, junto al titular de la cartera, Jorge Triaca.

Además, sigue de cerca las negociaciones con OCA -la empresa que los Moyano rescataron el año pasado-, ubicó directivos en el Correo Argentino y en Aerolíneas, y tiene hombres en el Ministerio de Desarrollo Social para contener los reclamos piqueteros.

Con Triaca de vacaciones tras el escándalo con la empleada de su quinta, Quintana retomó en los últimos días los contactos con miembros de la "mesa chica" de la central obrera, si bien la mayoría se encuentra fuera de Buenos Aires, según pudo confirmar iProfesional con diversas fuentes de Azopardo.

"Hubo conversaciones, pero no con nosotros", reconoció un dirigente que reporta al triunviro Juan Carlos Schmid. El líder moyanista se reunirá este jueves en la Federación de Marítimos y Portuarios (Fempinra) con funcionarios del Ministerio de Trabajo y Transporte para revisar la agenda sectorial.

Las aproximaciones iniciadas por el coordinador interministerial apuntan al ala más dialoguista, que integran los "independientes" (Uocra, Upcn y Obras Sanitarias) y "gordos" (Comercio y Sanidad).

La misión del exCEO de Farmacity es explorar fórmulas alternativas a una pauta oficial del 15%, con la misión expresa de evitar ésta vez las cláusulas gatillo, una propuesta por ahora de díficil aplicación.
Ese tope que busca imponer el macrismo ya despertó un fuerte rechazo en todo el arco gremial y trabó el inicio de la discusión salarial del 2018, con la decisión de las autoridades de excluir la actualización por inflación.

"Este año, el Gobierno intenta marcar una referencia con la que la mayoría no estamos de acuerdo", había advertido Schmid días atrás.

Pero la entrada en escena del funcionario tiene, además, otra finalidad: busca acercar a la cúpula de la CGT, en momentos que la escalada judicial y la detención de dirigentes amenaza con dinamitar los puentes con los sindicatos.

Acorralado cada vez más por las denuncias de corrupción, Hugo Moyano salió días atrás a desafiar al Gobierno. "Si voy preso, que sea en una celda al lado del padre de Macri", sentenció.

La lista negra de gremialistas se amplió en las últimas semanas. Además del camionero, el Gobierno sumó al gastronómico Luios Barrionuevo y al bancario Sergio Palazzo.

Los tres lanzaron en el tradicional asado de Mar del Plata un duro documento en el que rechazan un "techo" a los salarios y denunciaron un "ataque contra la estructura sindical". Pero, sugetivamente, varios sectores pegaron el faltazo.

"Policía bueno"
Quintana aprovechó la grieta expuesta en el asado para avanzar con conversaciones entre los ausentes.

Las gestiones dieron sus primeros resultados el jueves pasado en Comercio, donde los empresarios ofertaron de manera anticipada una suba del 15% para todo el 2018, en línea con las metas oficiales.

A cambio de esa señal, el Gobierno habilitó una suba adicional del 6% por la aplicación de la cláusula gatillo, que prevía un ajuste en caso que los salarios quedaran rezagados frente a la inflación.

Los contactos le valieron el mote de "dialoguista" al hombre que responde a las órdenes de Marcos Peña.

"Hay sectores que se quieren imponer y otros que quieren convencer, Quintana es el policía bueno porque arrima posiciones y se sienta a negociar", reconoció un dirigente del gremio mercantil.

El papel de "policía malo", según algunos hombres de la CGT, lo ocuparía el ministro de Producción, Francisco Cabrera.

Triaca no sería ni uno ni otro. Pese a que Pablo Moyano pidió su renuncia tras las denuncias de su exempleada Sandra Heredia, que acusa a la familia del funcionario de haberla tenido en negro, los más conciliadores prefieren que siga en su cargo.

"Triaca, aunque te parezca mentira, es un tipo que conoce el ambiente en forma directa o por tradición con el padre, y podría ser peor si ponen a otro que no tenga la más mínima idea", advirtió un viejo gremialista.

El temor surgió tras las versiones sobre un supuesto alejamiento de Triaca, a quien la primera plana del macrismo salió a respaldar.

En su reemplazo, circuló el nombre de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el del titular de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas.

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La sola mención de Bullrich provoca escalofríos en la CGT, donde todavía recuerdan su paso por la cartera laboral y la de seguridad social en el Gobierno de Fernando De la Rúa.

Desde allí, la ministra impulsó un plan de "transparencia sindical" que incluía entre otros puntos la obligación de presentar declaraciones juradas de ingresos a los dirigentes gremiales y que la llevó a enfrentarse con los líderes sindicales, en particular con Moyano.

Ese iniciativa ahora la retomó la diputada Graciela Ocaña. Pero Bullrich, se acuerdan, también firmó un decreto que estableció el recorte del 13% en las jubilaciones.

La fórmula
Con aumentos en las tarifas y sin una devaluación a la vista, el Gobierno tratará este año -una vez más- de contener los precios a través de los salarios.

En medio del tour de Macri en busca de inversiones por Europa, el FMI advirtió el jueves pasado que "la inflación seguiría retrocediendo, suponiendo que haya una moderación salarial" y pronosticó un crecimiento del 2,5% en su informe de perspectivas económicas sobre la Argentina.

Uno de los principales desafíos de las autoridades es convencer a los sindicalistas de que el índice de precios será del 15% y que, por tanto, ya no necesitan de las claúsulas gatillo.

Esa es la misión de Quintana. Una tarea difícil, por cierto, luego de que varias consultoras proyectaran un 2% para enero, alimentado por las subas en las tarifas y combustibles, son varios los gremios que ya estiman una inflación del 24% para todo el año.

Esa diferencia en las expectativas fue resuelta el año pasado con la incorporación de mecanismos para actualizar los ingresos en caso de que se vieran superados por el índice de precios, como la cláusula gatillo.

Lo acordaron en Comercio, Construcción, Estatales y el sector bancario. Pero ahora los gremios no lo quieren abandonar. En más de un caso, les permitió recuperar los puntos perdidos en 2017, producto de una inflación que superó en casi 7 puntos los 18 proyectados en las metas oficiales.

La Asociación Bancaria advirtió días atrás que, de no renovarse el acuerdo vencido el 31 de diciembre, el mecanismo de actualización seguirá vigente y deberá aplicarse en forma retroactiva.

La negociación se tensó, ya que los bancos ofrecen un 9% de incremento.

Además, a través de una resolución del Ministerio de Trabajo, se dio por finalizada la "cuota solidaria", con lo cual, el sindicato liderado por Palazzo dejará de percibir una suma millonaria.

Se trata de un mecanismo por el cual unos 45.000 empleados no afiliados al gremio (sobre un total de 110.000) deben aportar en forma compulsiva el 1% de su salario.

A la hora de evaluar el impacto, considerando una remuneración mínima de $25.500, con esta baja del aporte dejarían de ingresar a las arcas del sindicato $1,1 millón al mes. Por eso ahora el gremio evalúa avanzar con nuevas medidas de fuerza.

No son los únicos que se preparan para salir a la calle. Los sindicatos docentes anticipan un calendario sin clases, luego de que el Gobierno eliminó por decreto la paritaria nacional y licuó el poder de la CTERA (CTA), la confederación en la que ocupa un rol clave el titular del sindicato de maestros bonaerenses, Roberto Baradel.

La Unión de Docentes de Argentina (CGT) impugnará el DNU este miércoles por vía administrativa, según confirmó a este medio su titular, Sergio Romero.

La capacidad de persuasión de Quintana dependerá de que pueda ofrecer fórmulas que, en ausencia de una "cláusula gatillo", puedan contentar a los gremios.

Algo de esto se empezó a probar en algunas negociaciones en las que se menciona la posibilidad de que haya otros conceptos que mejoren la oferta económica al ajuste "oficial" de 15%.

No es, al fin y al cabo, algo que les resulte extraño a los dirigentes sindicales: durante todo el segundo mandato de Cristina Kirchner ya se habían acostumbrado a las negociaciones en las cuales se cerraba por un porcentaje que servía como señal política al mercado, pero luego cada sindicato intentaba mejoras adicionales, ya fuera bajo la forma de bonos, viáticos, compensaciones o "sumas puente".

En ese escenario, las autoridades avanzaron en los últimos días en conversaciones con los estatalales de UPCN.

"Hay reuniones y contemplamos un montón de variantes", aseguró un funcionario del equipo de María Eugenia Vidal. El menú incluiría una suba inferior al 15% a cambio de mantener la cláusula gatillo y no se descarta tampoco el uso de sumas fijas adicionales.

Los montos no remunerativos y los bonos permitieron destrabar en diciembre la paritaria aeronáutica, que cerró en 17% aunque si se suma el impacto de esos otros componentes llega al 23,5%. Eso sí, el Gobierno aceptó la temida cláusula gatillo, con tal de evitar los paros en plena temporada de vacaciones.

Pero al igual que Construcción y Comercio, el gremio estatal liderado a nivel nacional por Andrés Rodríguez se opone a la quita del ajuste automático.

Todos ellos renovarán acuerdos entre abril y junio. La UPCN fue el primero el año pasado en cerrar una suba del 18% con María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, que incorporó esa "garantía" contra la inflación que les permitió recuperar en enero cinco puntos adicionales.

Ahora, el Ejecutivo busca que los estatales bonaerenses marquen de nuevo el camino.

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