Está claro que la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo no dejará convencidos a muchos sectores “celestes” que tratarán de frenar la implementación de la norma, ahora a través de la justicia. En ese marco, en la provincia de Salta se produjo la primera instancia en ese sentido.

Ante una denuncia presentada contra la constitucionalidad de la ley que legaliza el aborto, el fiscal federal Ricardo Rafael Toranzos hizo lugar al requerimiento y trasladó el pedido al titular del Juzgado Federal N° de Salta, Miguel Medina, quien por su parte habilitó la feria de enero para analizar el tema.

Entre los denunciantes figura la exsenadora María Fiore Viñuales (Partido Renovador – Salta), quien en 2018 militó activamente contra la norma y el suyo fue uno de los 38 votos que entonces sirvieron para frenarla en esa oportunidad. La acción declarativa de  inconstitucionalidad expresa que la  ley aprobada en la madrugada del miércoles “elimina el deber estatal de protección del derecho a la vida de un número indeterminado de niños por nacer en virtud de la ilegal ampliación de la imputabilidad penal a casos no previstos en los supuestos de hechos contemplados en el artículo 86, incisos 1° y 2° del Código Penal de la Nación”.

Para los demandantes, el protocolo “posibilita que se realicen actos crueles e inhumanos prohibidos por el artículo 18 de la Constitución Nacional, como ser matar a los embriones con el corazón ya latiendo y a los fetos totalmente formados dado que  no se fija límite temporal alguno”.