Procesaron a Aída Ayala en una causa por presunta defraudación contra la administración pública

La diputada nacional Aída Ayala (UCR-Juntos por el Cambio) fue procesada -sin prisión preventiva- por presunta defraudación contra la administración pública, durante su desempeño como secretaria de Asuntos Municipales, cargo que dejó en 2017 al asumir en el Congreso.

La medida fue firmada el pasado lunes por la jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger, quien además le trabó a la legisladora radical un embargo por un millón de pesos. El fallo también alcanzó a sus colaboradores Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte, y al empresario Claudio Tolosa.

En la causa se investiga el supuesto direccionamiento y pago de sobreprecios en contrataciones del municipio de Quitilipi, a través de las cuales Ayala habría beneficiado a Tolosa.

Según el dictamen del fiscal Patricio Sabadini, los colaboradores de la exfuncionaria se habrían presentado ante el intendente de Quitilipi, Carlos Casalboni, para gestionar la contratación de la empresa Service Hogar, propiedad de Tolosa.

Sabadini aseguró que Tolosa se encontraba registrado en AFIP con categoría de monotributista y la actividad de la empresa era la reparación de electrodomésticos de refrigeración. Sin embargo, “proveyó al municipio de Quitilipi de desmalezadoras, fumigadoras, soldadoras, carretillas, palas, motoguadañas, motosierras, hidrocavadoras, compresor, acoplado rural, tanques, etc., por la suma en esa ocasión, de casi un millón de pesos, no contando con local comercial para esta actividad”, indicó.

El fiscal sostuvo que “quien estaba señalado por la Sra. Aída Ayala como único destinatario de las transferencias de dinero que se gestionaban mediante la Secretaría de Asuntos Municipales y por lo cual todos los convenios se realizaban con Service Hogar, lo que no podía ser cuestionado por el intendente de Quitilipi, ya que las operaciones se efectuaban con la condición de que las compras se realicen a Tolosa”.

En 2018, el fiscal Sabadini y la jueza Niremperger habían impulsado otra causa contra la diputada, por presunto lavado de dinero durante su gestión como intendenta de la capital chaqueña. En tanto, el año pasado la Cámara Federal de Casación Penal le revocó la prisión preventiva. Su desafuero nunca llegó a tratarse en la Cámara baja.

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