La dudosa constitucionalidad, del decreto de cuarentena

 

Si de constitucionalidad de normas de habla, nuestro medio lleva tiempo declarando inconstitucionalidades de normas que al parecer no respetan nuestra carta magna Nacional. Recientemente por decreto de necesidad y urgencia, nuestro nuevo presidente de la nación Alberto Fernández, de profesión abogado, pero de ejercicio penalista. Nos ha sorprendido con el DNU 297/2020, el cual dispuso el aislamiento social obligatorio de todos los ciudadanos argentinos, salvo las citadas excepciones.

Casi como si se tratara de una orden presidencial, sin sustento normativo, más que la simple necesidad de ganarle tiempo a la difusión de un virus letal, al cual el gobierno nacional, sabe que no esta en condiciones de enfrentar.

Pero como el presente articulo, se trata de aclarar el porque el decreto que prohíbe a los argentinos circular libremente por sus calles, goza de escasa legitimidad Constitucional. Para probar ello debemos remontarnos a lo dicho por el art. 14 de nuestra Constitución Nacional, el cual reza “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender”.

Como se puede ver es clara la carta magna en que es una garantía Constitucional el derecho de todo habitante de la Nación de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio Argentino. Ahora bien, si al parecer podría preverse excepciones a dichas garantías constitucionales, es claro el mismo art. 14 CN, el cual establece que la limitación debe hacerse por una ley que reglamente su ejercicio. Y todo buen hombre del derecho sabe que un Decreto de Necesidad y Urgencia, no es una ley y debe cumplir con lo establecido por el art. 99 inc. 3 de nuestra carta magna. Es decir “Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros.

El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso.

En términos claros la figura del DNU creada en la reforma de 1994, no busca suplir al congreso de la nación, sino que ha previsto que todo DNU, debe ser revisado por el Congreso de la Nación.

Más aun la propia Constitución Nacional ha prohibido expresamente que el poder ejecutivo nacional pueda legislar, y así lo ha dejado plasmado en el mismo art. 99 inc. 3“El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”.

Ahora bien a esta altura queda claro que el sostén legislativo del decreto 297/2020, es débil y eso se puede ver en la propia fundamentación del mismo, en donde cita el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) recoge en su Artículo 12 Inc. 1 el derecho a “…circular libremente…”, y el artículo 12.3 establece que el ejercicio de los derechos por él consagrados “no podrá ser objeto de restricciones a no ser que éstas se encuentren previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto”.

Que, en igual sentido, La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su Artículo 22 inc. 3 Que el ejercicio de los derechos a circular y residir en un Estado consagrados en el artículo 22.1 “…no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás”.

Como se puede ver, en la propia normativa citada para fundar el DNU, se requiere de una ley para limitar los derechos y garantías previstos por la Constitución Nacional, o por sus tratados internacionales genéricamente consagrados por el Art. 75. inc. 22.

Aclarado el punto del porque es inconstitucional el DNU 297/2020, cabe destacar que la figura legal prevista por nuestra Constitución Nacional para los casos que se pretenda abolir las garantías constitucionales, es el estado de sitio, figura legal prevista por el Art. 23 CN “En caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino”.

Dejado de resalto que existe una figura expresa dentro de nuestra carta magna, para abolir la libertad de circular libremente que tienen todos los habitantes del suelo argentino, me viene a la mente, el porque nuestro presidente de la Nación escapo a la figura prevista por nuestra Carta Magna. Lo hace ¿por temor a la estigmatización con los golpes de estado?,  lo hace ¿para evitar mayor pánico social? o simplemente ¿fue astuto un intento de hacer decir al derecho lo que no dice?

La respuesta a esas preguntas surgirá con el tiempo y en la medida que el agravamiento de la pandemia obligue a Alberto Fernández a decretar el “Estado de sitio”.

 

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