Entrevistas exclusivas
Julián de Diego,el destacado abogado laboralista, analiza la situación del empleo y la crisis económica en Revista Jurídica
Preocupación en empresas y pymes por el pago de sueldos durante más de 100 días con bajos y hasta nulos niveles de facturación e ingresos. Este panorama, muestra la profunda crisis económica de nuestro país, en el centro del debate público. La salud es muy importante, pero detrás hay sectores muy castigados que exigen flexibilizar algunas ramas y no caer en la quiebra. El escenario desalentador del empleo también repercute en demandas por despido, suspensiones y recortes de salario.
En el medio de la cuarentena, el Congreso le dio media sanción al proyecto de Ley de Teletrabajo. Si bien las nuevas modalidades de empleo a distancia vienen ganando terreno paulatinamente, hoy la cuarentena le ha dado un empujón más para ubicarla como referencia del mercado de actividades.
Al respecto el Dr. Julián de Diego habló de cómo se dio este debate y cuáles son algunas ventajas y defectos de la nueva modalidad de trabajo que converge en el siglo XXI. “Muchas organizaciones consideran que el teletrabajo va a quedarse en forma parcial y se ha aprovechado de las ventajas de esta modalidad de trabajo remoto”.
En ese sentido, explica el especialista, “la nueva ley de teletrabajo, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, claramente es provisoria, la misma ley lo dice, que enfoca al teletrabajo como una salida de la pandemia”. En Argentina, entonces, se piensa en las necesidades de demanda de empresas y empleados de este milenio solo por la excepcionalidad del evento por el cual atraviesa el mundo entero, sin atender particularidades ni encarar un análisis profundo del asunto.
“En la misma ley dice que una ley más detallada sobre teletrabajo debería dictarse y que los convenios colectivos tienen que acompañar ese proceso. Lo hace de forma muy parcializada, relacionada con la problemática del Covid-19 y deja un montón de espacios pendientes de debate”, explica de Diego y concluye afirmando que “el legislador parte de la premisa de que el teletrabajo le ha generado un perjuicio. Eso es un disparate”.
Respecto al manejo de la situación en el plano económico, con más de 100 días de emergencia sanitaria e imposición de reglas para el tránsito de las personas, hay un escenario muy urgente y de extrema necesidad: las empresas no tienen mercado de venta y esa falta de ingreso se cuantifica en despidos, suspensiones y reducciones de salario. Ese círculo vicioso no se rompe y hasta el momento todo lo hecho no alcanza para paliar los efectos de la cuarentena no tuvo un resultado bueno.
“La estrategia del gobierno estuvo dividida en tres componentes básicos. El primero fue hacer un cerrojo, una veda, a los despidos. Para eso primero tuvo el recurso de la duplicación de indemnización por despido, que nació en diciembre pasado cuando asumió Alberto Fernández como presidente”, detalla Julián de Diego.
Tomando el punto de partida allá por abril, cuando el Gobierno anunció subsidios para trabajadores informales y desempleados, junto con créditos de tasas bajas para los empresarios, no hay una buena respuesta. El remedio no hace efecto, tornando la situación dramática para los trabajadores.
“A eso se le agregó un segundo recurso, que es la prohibición de despedir”, continúa el abogado laboralista en la charla. “Ahora es por 120 días y que seguramente se irá renovando cada dos meses hasta que se terminen con todas las restricciones que implican la cuarentena”.
Por último, habla de un “tercer recurso, que es el de dividir quienes son las personas que están en servicios esenciales, que en parte trabajan y en parte están en cuarentena porque están en grupos especiales, de las personas que están en su domicilio y aquellas que directamente no están trabajando porque la actividad está totalmente cerrada”.
Aquí se encuentra el nudo del problema y sobre el cual Alberto Fernández y su gabinete económico debieran atender, un lugar donde empresas, pymes y trabajadores independientes no pueden llevar adelante su actividad y generar ingresos para subsistir.
“Tenemos un grupo que está totalmente paralizado, porque son las empresas que no tienen ninguna actividad como las empresas aéreas, turísticas, gastronomía en general. Todo ese grupo está propiciado por el Gobierno que esté suspendido por un famoso artículo de la Ley de Contrato de Trabajo, el 223 bis, que permite cobrar menos que el sueldo normal pero tener un nivel de ingreso de acuerdo a lo que firmó la CGT y la UIA”, afirma de Diego. Esto representa que un empleado cobre el 60% del salario bruto (una quita entre el 20-25% del sueldo neto) pero que le permite seguir cobrando un sueldo de acuerdo a la canasta básica.
El especialista analiza y da una explicación a Revista Jurídica de este escenario. “La razón es que la empresa tiene que seguir pagando aunque no factura. El problema que surge es que a muchas de esas empresas ya se le agotaron los recursos y no pueden pagar el sueldo de junio ni el aguinaldo”.
“Ahí aparece el Gobierno con una batería de recursos que en este momento no cubre los 6 millones de trabajadores de la actividad privada, aproximadamente alcanza a 2,5 millones, con el famoso ATP”, afirmó con el sustento de los datos de la realidad.
Escuchá la entrevista completa con Julián de Diego:
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Staff Profesional
Director:
Dr. Sergio M. Aguilera
Periodista:
Julia Alvarez
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