Allá por fines de marzo, el asesinato del playero Bruno Bussanich, en Rosario, a manos de un sicario de apenas 15 años, disparó nuevamente la polémica en torno a la necesidad de adecuar la legislación vigente a una realidad que pone a menores de edad protagonizando graves delitos. Cuando sucedió esa noticia, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich anunció que estaba entrando al Congreso de la Nación una nueva ley sobre la imputabilidad “para que nunca más crímenes como estos queden impunes”. “Delito de adulto, pena de adulto”, tuiteó entonces el vocero presidencial Manuel Adorni, abonando el terreno en el sentido de una inminente baja de la edad de imputabilidad. Pero el tema tardó más de lo previsto. Había quedado en manos del Ministerio de Justicia, cuyo titular, Mariano Cúneo Libarona, había anticipado en enero pasado que el Gobierno presentaría un proyecto para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. En esa oportunidad explicó por Radio Rivadavia que él era partidario de bajarla a esa edad porque “es la que sostienen casi los 30 proyectos que tengo sobre mi escritorio que se han presentado y no han tenido acogida legislativa. Casi todos toman 14 años como edad de imputabilidad”, precisó entonces. Sin embargo ahora estaría dispuesto a ser más severo en la legislación. En declaraciones a LU12 Radio Río Gallegos, el funcionario dijo al ser consultado al respecto que estaban trabajándolo con el Ministerio de Seguridad. Apuntó que la ministra Patricia Bullrich “se involucra personalmente y con mucha idoneidad en los temas, y estamos delineando las pautas finales”. “Yo creo que va a quedar anclada en los 13 años la inimputabilidad, sobre todo teniendo en consideración que los últimos dos meses que estábamos trabajando en la materia y estábamos inclinados por los 14, sucedieron muchos hechos de chicos de 13 años”, agregó el ministro de Justicia. Añadió que “y entonces eso nos hizo repensar lo que estábamos conversando, inclinándonos por ver que el chico no es solamente de 16, como era en la ley de 1980, estábamos entre 13 y 14, y los informes estadísticos que habíamos analizado, la legislación mundial y demás, nos llevaba a ese debate y estamos resolviéndolo en ese sentido”. Antecedentes cercanos La presentación de proyectos vinculados a la baja de edad de imputabilidad es constante en ambas cámaras. Un actual miembro del gabinete nacional, el ministro de Defensa Luis Petri, presentó en noviembre de 2021 un proyecto de ley que establecía la responsabilidad penal de los adolescentes mayores de catorce y menores de 18 años al momento de la comisión del hecho tipificado como delito. “La finalidad principal del sistema de responsabilidad penal juvenil es fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad por sus actos y procurar su integración social. Con ese objetivo, este régimen comprenderá un abordaje integral e interdisciplinario”, indicaba el texto de la iniciativa, que establecía la necesidad de “consagrar un sistema de responsabilidad penal juvenil, despojado de todo resabio tutelar, estableciendo a partir de los 14 años un proceso de responsabilidad penal. De lo contrario, supone consagrar la impunidad por el crimen anticipadamente por vía legal, clausurando cualquier posibilidad de justicia para la víctima de manera individual, pese a que su autor estuvo en condiciones de comprender la criminalidad del delito cometido”. “Argentina es uno de los países con más alta edad de imputabilidad del mundo. La gran mayoría de países de Latinoamérica y Europa incluyen a los menores en sus regímenes de Responsabilidad Penal Juvenil a partir de los 14 años (Chile, Colombia, Paraguay, España, Alemania, Italia), 13 años (Uruguay, Francia, Guatemala, Nicaragua), o 12 años (Costa Rica, Ecuador, Perú), entre muchos otros países”, explicaba el entonces diputado nacional radical al proponer dar el debate de un Sistema Integral de Responsabilidad Penal Juvenil, que disponga penas y establecimientos para su cumplimiento diferenciado, que prevea medidas alternativas a las de prisión conforme a la gravedad del delito, garantice el derecho de defensa y el debido proceso, que erradique todo resabio tutelar y tenga la capacidad de evitar y prevenir la escalada criminal de menores en conflicto con la ley penal, aumentando las posibilidades de resocialización y otorgando una tutela judicial efectiva a las víctimas. Para el Gobierno de Cambiemos, la baja de la edad de imputabilidad fue un objetivo inconcluso. En enero de 2017, los entonces ministros de Justicia, Germán Garavano, y de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezaron un encuentro al cabo del cual ofrecieron una conferencia de prensa junto a los titulares de las comisiones de Legislación Penal de Diputados, la radical Gabriela Burgos, y del Senado, el peronista Pedro Guastavino. Garavano informó entonces que, según se había acordado en la reunión, “la discusión sobre la edad de imputabilidad” de 16 a 14 años iba a ser “el último punto” del debate, que se había disparado luego del asesinato del joven Brian Aguinaco en el barrio porteño de Flores. En la previa, el funcionario consideró que “la ley actual es un espanto” porque “es una ley de (Jorge) Videla, del año 80, de la dictadura, tiene más de 36 años y es una ley paternalista que no le reconoce derecho a los jóvenes, que no les permite a los jueces hacer un abordaje con una intervención más activas por parte del Estado”. El proyecto no llegó a avanzar, y el Gobierno de Mauricio Macri intentó retomarlo en su último año, 2019, modificando la intención original de llevar la edad de imputabilidad de 16 a 14, a 15, aplicándola para los delitos más graves. En esa iniciativa se hablaba de un sistema de escalas, y los menores de 15 años serían imputables solo por homicidio, violación, lesiones gravísimas, secuestros extorsivos y robo con armas de fuego. Para los casos de mayores de 16 años y menores de 18, serían imputables cuando se trate de un delito cuya pena máxima de prisión sea igual o menor a tres años y podrían ir presos en caso de haber cometido un hecho comprendido en el Código Penal que tenga una pena máxima igual o mayor a diez años. Asimismo el proyecto preveía incorporar mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos, como la mediación, la conciliación y el acuerdo restaurativo para delitos menores, siempre con el aval de la víctima. Ese proyecto preveía que en caso de que la investigación preliminar estableciera que un menor de 15 años cometió un delito reprimido con pena máxima de 10 años, un equipo interdisciplinario elaboraría un plan individual para acompañar al joven en su recuperación y evitar que avance en la carrera delictiva. El proyecto llegó a debatirse en comisiones, realizándose reuniones informativas, pero nunca llegó al recinto. Proyectos vigentes En la actualidad hay en el Congreso 9 proyectos de ley con estado parlamentario para modificar la edad de imputabilidad, siendo el más reciente uno presentado la semana pasada por el diputado mendocino de La Libertad Avanza Alvaro Martínez, que propone modificaciones al Régimen Penal Juvenil con sanciones para los menores que cometan un delito a partir de los 12 años de edad y hasta los 18. Otro proyecto es del diputado Ramiro Gutiérrez (UP), junto a otros diputados del massismo, el 5 de marzo pasado, que propone un Régimen de Responsabilidad Penal de las personas mayores de 14 años y menores de 18 años. El mismo diputado ya había presentado una iniciativa en el mismo sentido en septiembre de 2022. Otra diputada de Unión por la Patria, Agustina Propato, presentó el 23 de agosto de 2023 un proyecto para derogar la Ley 22.278 (Régimen Penal de la Minoridad) y crear un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. Su propuesta no establece una edad límite, sino que establece que “será punible toda persona menor de 16 años que fuere acusada de cometer o participar en la comisión, aun en grado de tentativa, de alguno de los delitos tipificados en los artículos 79, 80, 81, 91, 119 párr. 2 y párr. 3, 166 inc. 2 y 170 del Código Penal de la Nación, o un delito cuya pena máxima fuere superior a los 15 años”. Por su parte, el diputado del Pro Diego Santilli hizo su aporte el 16 de junio del año pasado, proponiendo un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil basado en la noción de justicia restaurativa y el respeto por los derechos humanos de los adolescentes, que contempla bajar la edad de imputabilidad en delitos violentos de 16 a 15 años. Ya había presentado uno similar en noviembre de 2022. En lugar de que la única consecuencia sea la cárcel, su proyecto prevé que los adolescentes deban realizar todas las medidas posibles para reparar el daño producido por el delito. Asimismo, las víctimas y la comunidad que sufrieron daños tendrán derecho a participar en todo el proceso, con márgenes amplios de acción y participación, pudiendo proponer modos de reparación. Carolina Piparo presentó el 30 de marzo de 2023 una modificación del artículo 50 del Código Penal, para incorporar la reincidencia a los delitos cometidos por menores de la edad de imputabilidad. “La sociedad no puede seguir siendo rehén de menores que salen a cometer delitos y cuya violencia es cada vez mayor porque no encuentran obstáculos impuestos ni desde su hogar, si es que lo tienen, ni desde el Estado”, señalaba la diputada de Buenos Aires Libre en los fundamentos de su iniciativa. También en marzo de 2023, el diputado Ricardo López Murphy presentó una iniciativa que creara un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, bajando la edad de imputabilidad a 14 años. Y llegamos a noviembre de 2022, cuando el diputado Cristian Ritondo presentó su propia propuesta de Régimen de Responsabilidad Penal de la Minoridad, bajando a 14 la edad de imputabilidad.

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