Con la presencia de especialistas, la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados se reunió este martes y debatió sobre “las experiencias, políticas, buenas prácticas y balances” del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA). A raíz de la desinversión por parte del Gobierno nacional, con la no renovación de contratos de profesionales y asignación de insumos, diputados como Pablo Yedlin (UP) -presidente de la comisión-, Cecilia Moreau (UP), Pablo Juliano (UCR) y Carla Carrizo (UCR) presentaron sendos pedidos de informes. Por su parte, los santafesinos Mónica Fein y Esteban Paulón (PS) impulsan una iniciativa para que el programa se jerarquice a través de una ley. El Plan ENIA, que tiene como objetivo reducir el embarazo en adolescentes y jóvenes de entre 13 y 24 años en todo el país, se implementó en 2018, bajo la gestión de Cambiemos, y luego fue sostenido por el gobierno del Frente de Todos. Sin embargo, este año se dieron por finalizadas 619 contrataciones de consultores que significaban 1.150 millones de pesos. Desde el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Russo, aseguran que mantendrán el plan, pero quieren que sean las provincias las encargadas de sostenerlo. Desde su inicio hasta el 2021, el Plan ENIA logró reducir la tasa de fecundidad adolescente (entre 10 y 19 años) de 49,2% a 27%, lo que significa una caída del 49%. Así, Argentina pasó de tener 69.803 adolescentes entre 15 y 19 años y 1.938 niñas menores de 15 años que tuvieron un hijo o hija en 2019 a 46.236 adolescentes entre 15 y 19 años y 1.394 niñas menores de 15 años tuvieron un hijo o hija en 2021. Al respecto, el titular de la comisión el tucumano Pablo Yedlin (UP) manifestó: “Argentina ha mostrado en este tema una respuesta muy buena de parte del Estado. Hemos disminuido al 50% la cantidad de embarazos no intencionales adolescentes, seguramente han concurrido múltiples factores a este resultado exitoso, pero sin dudas uno de esos factores ha sido este programa nacional que, además, tiene la característica de haber sido creado en la gestión de Mauricio Macri, continuado por la gestión de Alberto Fernández y sostenido por la actual gestión de Milei”. Yedlin explicó que la idea de la reunión es “revisar los resultados del programa, sus problemas, las diferencias y avanzar en un proyecto de ley que garantice que estas políticas de Estado que han sido exitosas se sostengan en el tiempo”. El primer panel en exponer explicó la gestión nacional del programa, siendo la investigadora Silvina Ramos la primera en disertar quien destacó que se trata del “diseño e implementación de una de las políticas más exitosas que la Argentina ha encarado en los últimos años y creo oportunidades para el desarrollo personal de los jóvenes”. Así, recordó que en el 2019 se presentaron los lineamientos del plan y ya los resultados que “en ese momento eran claros y contundentes. En ese momento la cámara se comprometió a hacer un seguimiento de la política, a apoyarla y a ser vigilante de los cumplimientos del plan”, y destacó: “Nos complace saber que el compromiso que asumió la cámara en el 2019 sigue activo y firme y se expresa en los proyectos de ley para sostener esta política. Este es un plan que traspasó gestiones de gobierno y es una de las pocas políticas de Estado que podemos mostrar en el campo sanitario”. A su turno el secretario de Niñez y Familia durante la gestión de Cambiemos, Gabriel Castelli, contó que “el plan tiene como objetivo central tratar de reducir la tasa de embarazo adolescente no deseado. 7 de cada 10 chicas manifestaban que el embarazo no era deseado y para que no se tildara que el plan quería reducir la tasa de embarazo en entornos vulnerables, se estableció esa connotación”. “El embarazo adolescente era una dificultad en las terminaciones educativas porque era una de las principales causas del abandono escolar secundario y el impacto a futuro en la vida de los adolescentes”, señaló y agregó: “Tenemos un país federal que la implementación no está de la mano del poder del Ejecutivo, sino de la implementación de las provincias. Por eso nos sentamos a hablar con todos los ministros de las provincias y tratar de sensibilizarlos de hacer un abordaje y de trabajar sobre esta problemática de alcance nacional”. Castelli señaló que las provincias del NOA y el NEA “tenían las tasas de embarazos no deseado más altas. Creamos equipos en conjunto entre Nación y provincia para definir el plan de abordaje en cada territorio dándole la libertad a las provincias de que elijan las ciudades y establecimientos donde empezaran a implementar el plan. Hubo provincias donde nos costó este trabajo interministerial”. “Que el Gobierno nacional anuncie una política pública no deja de ser un mero enunciado si la provincia no se apropia de este desafío y necesidad y la traduce internamente en la locación de recursos humanos y financieros para trabajar en esta temática”, indicó y cerró: “A lo largo del tiempo y distintas administraciones se ha logrado mantener algo que todos compartimos. Si bien Nación puso todos los recursos humanos y financieros y luego las provincias aportaron cada una sus recursos, en lograr que toda la gente que estuvo trabajando fueran soportados mayoritariamente por presupuesto de Nación, pero propuesto por cada jurisdicción”. Castelli planteó que “en muchos casos en el eje de Nación en algún momento, y se está manifestando por parte del Gobierno nacional de manera muy abrupta, hay una confusión tan grande de roles entre el Estado, las provincias y municipios de que el plan fue un punto de partida de que deben asumirlo como un compromiso al interior de sus provincias, esto no va a cambiar por más que se mande plata y anticonceptivos. La manera en que se discontinuó estos primeros meses de esta gestión de este gobierno no fue la mejor, pero si el plan preveía un mecanismo de adhesión de las provincias y la implementación dependiera de ellas”. A su turno, Valeria Isla exdirectora nacional de Salud Sexual y Coordinadora a general del plan en la gestión de Alberto Fernández explicó: “Esta política pública está dirigida a resolver uno de los problemas clave para el desarrollo de la inserción social de los adolescentes de nuestro país; lleva cinco años de implementación con resultados muy claros”, y consideró: “Es estratégico sostener su implementación para seguir generando oportunidades vitales para la generación actual de los adolescentes”. “La tasa de fecundidad tardía adolescente de 15 a 19 años entre 2018 y 2021 disminuyó en un 49%, en 2008 7 de cada 10 embarazos adolescentes entre 15 a 19 años eran no intencionales y en el 2021 eran 5 de cada 10. Es el impacto del plan ENIA en estos años. La solución tenía que ver con el abordaje integral con políticas intersectoriales. Se invirtió en recurso humano especializado en cada territorio, la capacitación que recibieron, la inversión año tras año para trabajar de forma directa, los insumos enviados. Más allá del financiamiento que es muy importante, también es necesario acompañar a las provincias y que el Estado nacional o el Congreso puedan contemplar la inversión en recurso humano porque sin inversión en recurso humano, sin dispositivos en educación sexual, no hay impacto en el problema y en seguir descendiendo los números”. Isla también remarcó la inequidad territorial porque “si uno mira los números del descenso de embarazo adolescente en 2017 y las provincias del NOA y el NEA respecto de otras provincias como las patagónicas, uno ve una brecha de desigualdad enorme. En 2021 y 2022 gracias al plan ENIA esa brecha disminuyó”, y destacó el espacio de la ESI y la capacitación docente en su articulación con el área de salud. “Estos equipos hace unos meses, más de 700 profesionales, fueron desvinculados del plan ENIA y esos recursos no se mandaron a las provincias, se han reasignado para otros fines”, denunció y sumó: “Los insumos como DIU e implantes de una y dos varillas de larga duración tienen retrasos en la distribución y no hay certidumbre para que estos recursos y procesos lleguen a las provincias y servicios de salud. Y cerró: “Consideramos necesario la sanción de una ley que reconozca y financie esta política pública y brinde herramientas a las provincias para su implementación como dispositivos, recursos humanos, monitoreo, planes operativos”. De la vereda de enfrente, Paula Zingoni, subsecretaria de Relaciones Sectoriales y Articulación del Ministerio de Salud de la Nación, señaló que “se trata de una política pública que trasciende a tres Gobiernos”, y defendió que “le estamos dando continuidad a este Plan ya que lo consideramos importante porque centra a los adolescentes en el marco de una mirada de salud integral, inclusiva, e implica mejoras para el desarrollo de la sociedad”. Asimismo, la funcionaria de la Cartera de Salud puntualizó: “Una política requiere de la sinergia y colaboración de todos los sistemas, aun no existiendo un marco normativo que nos obligue a esto”, y añadió: “Estamos buscando abarcar de una manera lo más integral posible la salud de los adolescentes”. “Encontramos oportunidades de mejora. Tomando todo el capital que se ha desarrollado en estos últimos cinco años, como lo han manifestado mis compañeros de mesa, que es indiscutible, y también lo que hemos podido recoger a través de las distintas jurisdicciones en los encuentros que realizamos, nosotros encontramos algunas cuestiones que merecen la oportunidad de ser, como dije recién, mejoradas”, manifestó la funcionaria oficialista. Así, planteó: “¿A qué me refiero cuando hablo de esto? Por ejemplo, entendemos que la implementación como cualquier política pública de atención primaria de la salud, aquellos que entienden hablamos del primer contacto que tiene la población con el sistema de salud, no hay mejor implementación que sea a través de los propios equipos territoriales, que son quienes conocen a esa población, donde circulan y transitan estos adolescentes”. En ese sentido, Zingoni afirmó que están “trabajando con las distintas jurisdicciones, entendiendo que para ellos también es una prioridad dar una continuidad a esta política pública. Desde el nivel central, desde el nivel Ejecutivo, el Ministerio de Salud de la Nación, no se plantea solamente la rectoría en términos de un discurso. Para nosotros es más que una rectoría: es coordinar, es articular. Hemos retomado la Unidad Ejecutora Nacional””. “La participación la Senaf, la participación de Educación e incluso hemos convocado al Consejo de Políticas Sociales dependiente de Capital Humano, y hemos pedido a este consejo que nos acompañe en una especie de monitoreo externo, de poder acompañarnos viendo nuestros indicadores, viendo cómo se va sucediendo esa implementación en las distintas jurisdicciones”, comentó. En esa línea, precisó que “además de este rol rector, articulador, coordinador, también estamos dando continuidad a la distribución, compra y distribución de los insumos”, y cuestionó: “Cuando tomamos la gestión el 8 de diciembre del 2023, se había realizado un corte en términos de stock de los insumos; contábamos con seis mil seiscientos tratamientos de misoprostol, por ejemplo, con quince mil novecientos tratamientos de combipack, con un número importante de implantes subdérmicos, los cuales continuaron con su distribución”. “Todos los procesos de compra de insumos que requieren este plan, son de consulta pública, cualquiera los puede consultar y están en proceso”, afirmó. La subsecretaría informó que han mantenido reuniones con el Consejo Consultivo del Plan ENIA y sumó: “Este Consejo Consultivo no tiene un marco normativo que lo constituye. Una política tan importante como esta requiere de la sinergia y la colaboración de todos los actores de la sociedad, del sistema público, del sistema privado, de los organismos del tercer sector, los hemos convocado, aun no existiendo un marco normativo definitivo que nos obligue a esto”. “En esta reunión que pudimos mantener con algunos de los organismos que lo componen, porque no pudieron participar todos por distintas cuestiones, los hemos invitado a contribuir para hacer sinergia en aquellas cosas que quizás en este momento no se pueda o no se dé respuesta desde algún lugar por las competencias que corresponden”, contó. Por último, indicó: “Estamos trabajando con UFTA para dar continuidad a un convenio que tenían, que tenía un vencimiento en el mes de abril. Hemos hecho todos los esfuerzos para que ese convenio se extienda hasta fines de año, donde van a participar y contribuir con las capacitaciones, el monitoreo, la gobernanza política necesaria para poder llevar adelante la implementación del plan. Estamos trabajando con UNICEF, con la OPS, para poder dar continuidad y abarcar de una manera lo más integral posible, la salud de los adolescentes”. En contraposición, Federico Paruelo, director de Niñez y Adolescencia de la Dirección Provincial de Salud Comunitaria de la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud de la Provincia de Buenos Aires, consideró que “el embarazo adolescente es una problemática que, entre otras cuestiones, profundiza la desigualdad social y aleja a las adolescentes de la escuela”. “La situación del programa en la que estamos los últimos meses es una preocupación. La provincia de Bs. As fue una de las priorizadas que desde el 2018 comenzó a implementar el plan ENIA. Se trabajó en 5 municipios -Morón, Quilmes, Almirante Brown, San Martin y Lanús-. Se trabajó de forma intersectorial entre las áreas de desarrollo social, educación y salud. Cada dispositivo contaba con el aporte por parte de Nación que era el financiamiento de recurso humano, provisión de insumos específicos para la implementación del plan de larga duración”. “En la provincia de Buenos Aires desde el año 2019 hasta 2022 se redujo en un 32% la fecundidad adolescente y en menores de 15 años hubo una reducción del 37%”, detalló. Paruelo denunció que “estamos frente a un escenario de desintegración del programa ENIA en los últimos meses. La realidad es que hoy tenemos que pensar en cómo dar respuesta al proceso de desintegración que se está dando porque desde el Ministerio de Salud de la Nación financiaba recursos humanos y proveía insumos, pero el 16 de abril recibimos una comunicación en el que se planteó un rediseño que implicaba el cese de contrataciones de todo el recurso humano que llevaba adelante el programa. Esto redunda en un desmembramiento de todos los equipos a nivel territorial”. A nivel insumos, alertó: “Se planteó que las compras estaban iniciadas, pero durante el año 2023 en concepto de ENIA recibimos 10 mil implantes sub dérmicos y 1 mil DIU. Este año se nos han enviado 200 implantes en lo que va en estos 6 meses. No hemos recibido insumos de salud sexual de otras características que impactan negativamente en poder sostener estos procesos de reducción progresiva de fecundidad adolescente que es una problemática que desvincula del sistema educativo, laboral, inclusión social, profundiza la desigualdad social”. Luego, Marisa Graham, responsable de la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes, ponderó la importancia del plan ENIA, aunque remarcó que “los planes nacionales si no tienen proyección en las provincias, están en el aire”.  “El financiamiento de este plan debe ser nacional y federal”, especificó y pidió hacer foco en “el embarazo infantil”, y “su vínculo con el delito de abuso sexual”. A su turno, la médica Claudia Castro detalló: “En Jujuy teníamos un 19% de nacidos vivos de madres adolescentes contra un 14.5% a nivel nacional. Esta brecha se fue disminuyendo gracias al Plan ENIA y llegamos a estar por debajo de la media nacional con un 7.5% en 2023”. Mientras que Luz Noli: “El Plan ENIA vino a saldar esa deuda con las adolescencias de tener un espacio de escucha y que sea ejecutado por personal capacitado, ya que llegaban con un montón de demandas e inquietudes personales”.

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