En su mensaje inicial ante el Senado, Guillermo Francos remarcó “la decisión firme de este Gobierno de terminar con la administración irregular, arbitraria y poco transparente del dinero de los argentinos. Eso implica no sólo poner en marcha un régimen de extrema austeridad, sino también eliminar todos aquellos fondos que, detrás de causas nobles y bienintencionadas, se utilizaron para financiar cajas de la política”.

“Los argentinos tienen derecho a conocer el destino de sus impuestos, y eso incluye también a los fondos destinados a las universidades nacionales. El 89% de los aportes destinados a estas últimas entre 2015 y 2022 aún no fue rendido, lo que revela una situación de extrema irregularidad y absoluta falta de transparencia”, dijo el jefe de Gabinete.

Para Francos, “es imperioso implementar auditorías que nos permitan entender en qué se utilizan los fondos y garantizar que efectivamente lleguen a los alumnos y docentes”. Al respecto, señaló que “estos procesos de auditoría ya los implementamos en organismos dependientes del Ejecutivo, en donde encontramos profundas irregularidades. Sólo el Ministerio de Capital Humano presentó más de veinte denuncias por presuntos hechos de corrupción desarrollados en connivencia con organizaciones sociales, que utilizaron a los más vulnerables como herramienta de coacción”.

Citó las auditorías desarrolladas sobre programas como “Potenciar Trabajo”. Las mismas, dijo, “demostraron que, desde su puesta en marcha, sólo el 1.3% de los beneficiarios obtuvo un empleo formal; al tiempo en que se detectaron 52 mil casos de incompatibilidades insalvables, que fueron dados de baja”.

Respecto al Monotributo Social, se detectaron más de 62 mil casos con “severas irregularidades”.

En el caso del INCAA, dijo que reglamentaron la obligación de acreditar audiencia para recibir subsidios. “Se otorgarán créditos a tasa de plazo fijo del Banco Nación a 90 días, que podrán pagarse con un eventual aporte del organismo en caso de que la película filmada genere un interés genuino y real en la sociedad argentina”. En ese sentido precisó que “en 2023, se financiaron más de 100 películas que tuvieron menos de 1.000 espectadores”.

“De igual modo, en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) encontramos un circuito paralelo y fraudulento para asignar pensiones por invalidez laboral a personas que no cumplían con ningún requisito. En un cruce con el Servicio Penitenciario, detectamos que 212 presos condenados y procesados estaban recibiendo una pensión no contributiva por invalidez laboral”, comentó, en tanto que sobre la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología dijo que “también nos encontramos con una realidad escandalosa”. Apuntó en ese sentido que “se detectaron rendiciones de gastos pendientes y vencidos correspondientes a transferencias hacia diversas instituciones, principalmente a universidades, por 12 mil millones de pesos. En 2023, se financiaron cooperativas de diversos piqueteros por 1200 millones de pesos, para proyectos que nada tenían que ver con esta secretaría”.

De paso, comentó que “semanas atrás presentamos un Plan Estratégico 2024-2025 para la ciencia y la tecnología, que contempla iniciativas que conecten a los científicos con el sector productivo; promoviendo la transferencia tecnológica, la generación de patentes e investigaciones que mejoren la producción y la calidad de vida de los argentinos”.

“Por último, desarrollamos también auditorías sobre el esquema de obras públicas en nuestro país. Mediante acuerdos firmados con prácticamente todas las provincias, transferimos a éstas la ejecución de más de 600 obras que se encontraban paralizadas por falta de pago”, aseguró.

Por redaccion

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