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El indulto y su verdadero alcance constitucional

Nuestro país se ve inmerso en un complejo proceso histórico de transformación, si se me permite, de maduración de nuestra novel democracia, que debe llamarnos a la reflexión, y convocarnos a un debate serio y honesto acerca de nuestras diferencias, pero siempre sobre la base de la institucionalidad, y la preservación de nuestra Constitución Nacional. Sin ello caeríamos en el “sálvese quien pueda”, y en el salvajismo institucional.

La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner finalmente parece verse “acorralada” por la justicia (que poco a poco llega), y es por ello que dirige fuertes embates hacia la Justicia en general, y a Fiscal Luciani en particular, pese a que las razones quedan objetivamente expuestas en más de tres toneladas de pruebas. Las pretendidas críticas dadas, no parecen estar dirigidas a cuestionar las imputaciones delictivas, ni menos aún las pruebas que las fundamentan. 

Es por ello, que la prensa ha dado cuenta que se estaría pergeñando desde el ejecutivo, salidas institucionales para evitar las consecuencias de una eventual y dura condena judicial. Esto es, a través del indulto presidencial.

El Indulto es un viejo instituto ideado por nuestra Constitución Nacional en su actual artículo 99 inciso 5to, por el cual se otorga al Poder Ejecutivo Nacional (presidente) a indultar (“perdonar”) penas, por delitos sujetos a la jurisdicción federal. 

Se diferencia de la conmutación de penas, que por el contrario solo conlleva la de cambiar o modificar una pena impuesta mayor por otra menor, facultad que también tiene asignado el presidente de la Nación por la carga magna. 

El presupuesto del indulto (como así de la conmutación de penas), presupone la existencia de una condena que este firme, esto es, que pase en autoridad de cosa juzgada. Esto significa que contra la condena impuesta no existiere ya recurso alguno ordinario y/o extraordinario, sea porque se encuentran agotados o bien porque no fueran utilizados por el condenado. De pretenderse aplicar un indulto a procesados (no condenados) con causas judiciales abiertas en curso, o bien, incluso a condenados, pero con recursos judiciales pendientes, ello resultaría inconstitucional al generarse una indebida intromisión por parte del ejecutivo en el poder judicial, violándose entre otros, el artículo 109 de la Constitución Nacional que impide al ejecutivo atribuirse funciones judiciales, lo que afrenta a su vez, el principio de división de poderes. 

El texto del artículo 109 es claro en cuanto prohíbe expresamente al ejecutivo “ejercer funciones judiciales”, o “…arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”, lo que impide que el indulto pueda utilizarse en el caso de procesados, como así, de aquel sujeto condenado mientras la sentencia no estuviere firme, ya que la causa judicial allí sigue pendiente y abierta, en tanto la actuación de las instancias superiores de la justicia deben intervenir. Debe estar concluida la actuación de todas las instancias judiciales previstas y pendientes para poder aplicar el instituto del indulto, si fuera aplicado con anterioridad a causas en trámite, sería inconstitucional y consecuentemente nulo. 

Por otro lado, la Constitución requiere expresamente un pedido de informes previo al juez interviniente, de manera de dotar de mayor información al ejecutivo, aunque su resultado no resulta vinculante para el presidente, quien pese al contenido negativo del mismo podría indultar igual. Cabe destacar que su evacuación resulta un trámite esencial para el ejercicio de esa competencia, caso contrario, el procedimiento estará viciado.

Lo más relevante para nosotros, es el hecho que el indulto no puede aplicar (entre otros) para delitos cometidos por funcionarios de alto rango de su propio gobierno, como tampoco resultaría admisible para un eventual autoindulto. La vicepresidente no puede ser alcanzada por un indulto, no resulta razonable, ni moral ni éticamente admisible, mucho menos cuando el delito cometido lo es en el ejercicio o en ocasión de funciones públicas, como en el caso. 

Otro obstáculo insalvable para que la vicepresidente obtenga un indulto, lo es el hecho que la comisión de delitos dolosos contra el Estado que conlleve enriquecimiento, tal como señala nuestra Constitución en su artículo 36, resulta un grave atentado al sistema democrático, y es por ello que allí el indulto queda excluido. Los delitos contra la administración pública no pueden ni deben ser alcanzados por el instituto del indulto. 

El Instituto del indulto ha permitido en la historia argentina dejar impunes a personas que han cometido delitos aberrantes (de lesa humanidad), mediante su utilización por distintos decretos nacionales, que en ciertos casos lograron ser declarados luego inconstitucionales, como ser el caso “Videla” y “Mazzeo”, entre otros. 

La Justicia está actuando, es necesario contar con una sentencia firme que dé cuenta de la culpabilidad o no de la vicepresidente. Las reglas son claras, la Justicia en todas sus instancias revisoras, esta para dotar a la sociedad de paz social, no dejemos ni permitamos que se la ataque o menosprecie por quienes pretenden amañarla en su beneficio propio.  

Fuente: parlamentario

Autor: Diego Isabella, director del Instituto de Acceso a la Justicia

¿25 jueces para la Corte Suprema?

Un proyecto de ley del presidente del interbloque Frente de Todos, el senador José Mayans, y de la vice, Anabel Fernández Sagasti, de solo cuatro artículos, propone que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) esté “compuesta por veinticinco jueces y juezas” y que “una ley especial determinará el modo de organización y funcionamiento” de dicho tribunal con su nueva integración. En su tercer artículo dice que los actuales cuatro miembros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, “conservarán sus cargos” y que la cobertura de vacantes “tendrá en consideración la actual composición”, mientras que el resto de los nombramientos se irán produciendo “conforme sean designados”.

En los fundamentos del proyecto no cuestiona a los actuales magistrados y señala que la ampliación tiene por objeto evitar los “altísimos niveles de delegación de trabajo jurisdiccional en personas que no son sus jueces” y “favorecer la inmediatez” en la resolución de expedientes.

La CSJN, actualmente compuesta de cinco jueces, tiene una vacante por la renuncia, producida en el año 2021, de Elena Higthon de Nolasco, lo que se suma a la del Procurador General de la Nación desde 2017, y del Defensor del Pueblo, desde 2009.

Las razones del proyecto y de las vacantes son políticas, ya que los fallos que dicta dicho tribunal no complacen a los que gobiernan, y temen que ello se repita cuando se resuelvan las causas de la corrupción de algunos de sus funcionarios, entre las cuales están la vicepresidenta, y sus dos hijos. Las condenas al exvicepresidente Amado Boudou, al exministro Julio de Vido y a Milagros Sala, les preocupan, como ya lo demostró el presidente Alberto Fernández cuando la visitó a ella en Jujuy.

El proyecto no es viable porque:

1. Si las sentencias son lerdas hoy al tener que ser estudiadas y firmadas por cuatro jueces, cuando tengan que hacerlo veinticinco la “inmediatez” será mucho más que imposible;

2. Si se intentara, como algunos proponen, dividir al Alto tribunal, en ocho salas especializadas de tres miembros cada una, ello sería contrario a la Constitución Nacional (CN) que habla de “una Corte” (Art.108) y no de ocho, y porque sus fallos podrían ser contradictorios;

3. La designación de los nuevos jueces, a propuesta de los gobernadores, también contradice la CN (art.99 inc. 4), que exige que la misma debe hacerla el presidente de la Nación con acuerdo del Senado;

4. Si hoy, con solo cuatro integrantes, sus oficinas ocupan más de un piso del edificio de una manzana de calle Talcahuano de la CABA, con veinticinco tendría que ocupar cuatro pisos más, lo que significaría edificar un nuevo Palacio de Justicia;

5. En momentos de crisis económica destinar más recursos fiscales para construir un nuevo edificio y para abonar sueldos millonarios, como tendrían los cinco magistrados, y la de secretarios letrados (que cobran un plus por antigüedad desde que son abogados y no desde que ingresaron a la Justicia) y demás personal que acompañan la labor de cada magistrado, hoy sería disparatado, y un pésimo ejemplo para los que padecemos este mal momento.

Para reformar la justicia, antes que aumentar los miembros de la CSJN, hay que cubrir el 30 % de vacantes que tiene la Justicia Federal, y es imprescindible reducir el número de pleitos, que en su mayoría los genera el Estado al chicanear juicios en su contra, contrariando a la CN, a las leyes y a la jurisprudencia de los tribunales, como ocurre con los ciento de miles de pleitos que se tramitan por los recortes a las jubilaciones, pensiones y retiros.

Esperemos que los que nos representan en el Congreso no conviertan en ley este proyecto. 

Quitan la licencia de conducir y prohíben la salida del país a un padre por falta de pago de las cuotas alimentarias

SENTENCIA
19 de Agosto de 2021
JUZGADO CIVIL, COMERCIAL, CONCILIACION Y FAMILIA. COSQUIN, CÓRDOBA
Magistrados: MACHADO Carlos Fernando
Id SAIJ: FA21160022

SUMARIO
En el marco de un reclamo iniciado por la madre contra el padre de su hijo por la falta de pagos de las cuotas alimentarias fijadas, resulta procedente ordenar que hasta que se produzca el total cumplimiento de la deuda reclamada se inscriba al progenitor en el Registro de Deudores Alimentarios, se le prohíba la salida del país y se suspenda temporalmente su licencia de conducir, toda vez que el demandado ejerció violencia económica y patrimonial en contra de la mujer, puesto que la falta de pago de la cuota alimentaria afectó, en forma directa, a la madre y provocó un deterioro económico, ya que ella tuvo que cubrir las materiales de su hijo con recursos propios.


Fuente del sumario: SAIJ

Impulsan un proyecto para modificar el Código Penal sobre delitos de usurpación de tierras

El presidente del interbloque Provincias Unidas y diputado nacional, Luis Di Giacomo, junto a su par rionegrino Agustín Domingo presentaron un proyecto de ley para reformar los artículos 23 y 181 del Código Penal, con el fin de “fijar penas más duras, celeridad en los procesos de restitución y una solución de fondo a este delito” y tratar de brindar “una solución de fondo y un acompañamiento efectivo a los propietarios de inmuebles afectados por las tomas y usurpaciones”.

“Entendemos la dificultad del acceso a los inmuebles, pero de ninguna manera podemos avalar un delito, sobre todo en casos donde grupos violentos se benefician de manera sistemática y dejan a los propietarios sometidos a desgastantes litigios”, explicó Di Giacomo.

En ese sentido, remarcó: “Proponemos la modificación del art. 23 para permitir al Juez la capacidad de disponer el inmediato reintegro de los bienes afectados en los casos donde se presenten posibles demoras”.

Y sumó: “En el art. 181 fijamos dos agravantes, como lo es el número de personas partícipes en la usurpación y la alegación injustificada de un ‘derecho tradicional’ para fundamentar su cometido. La pena mínima se establece en 4 años de prisión”.

“Claro que existe una necesidad de dar una solución al acceso a tierras, siendo el Estado el que debe garantizarlo. Pero no puede confundirse con la posibilidad de hacerlo de manera ilegal, en violación a la normativa vigente”, fundamentó el presidente del Interbloque Provincias Unidas.

A su vez, Domingo explicó que de convertirse en ley “quien sufre el despojo del fruto de su esfuerzo sabrá que puede contar con la justicia, como ahora no sucede”, y explicó que los cambios propuestos apuntan a “garantizar el derecho de propiedad”.

Autorizan la notificación del traslado de una demanda por carta documento

JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO COMERCIAL Nro 14 - 03/08/2021
Permite la notificación del traslado de la demanda por carta documento. Refiere que si bien el art. 136 del CPCC establece que la notificación de los traslados de demanda debe efectuarse por cédula o acta notarial, el ordenamiento objetivo mal pudo contemplar ...
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"Nota 12 año 2022 "

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