Un nuevo informe elaborado por el Observatorio Inmobiliario de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) refleja las preocupaciones y expectativas del sector, que básicamente apuntan a dos temas fundamentales: el rechazo a la ley de alquileres y la necesidad de políticas públicas que incentiven la inversión.

A dos meses de promulgada la nueva ley de alquileres, las críticas del sector son mayoritarias. Tanto así que el 91% de los consultados sostiene que es necesaria una modificación a la norma vigente. Entre otros argumentos, se expresa que a raíz de la nueva legislación hubo una importante retracción de la oferta en el mercado, opinión que comparten 8 de cada 10 operadores y empresas. Además, un porcentaje también categórico (87%) considera que provocó un incremento en los valores.

“El índice de actualización fue creado para que los inquilinos no tengan que pagar tanto de actualización y la realidad es que con el alto grado de inflación que hubo en los últimos meses, los terminó perjudicando: esa actualización está dando un 40%”, explicó el director ejecutivo de CAMESI, Mariano García Malbrán quien señaló además que “mucha gente necesita alquilar y la nueva Ley impide aumentos en los primeros 12 meses, lo que hace que la barrera a la entrada sea más grande”.

Por otra parte, el informe indica que, desde la puesta en vigencia de la norma, 8 de cada 10 operadores tuvieron propietarios que retiraron sus inmuebles de la oferta de alquiler, por lo que esa cartera, se achicó aún más encareciendo las unidades.

“Lo que empieza a suceder es que los propietarios prefieren vender y no alquilar, y esto termina agravando el déficit habitacional que tenemos en nuestro país, por eso es necesario rever la Ley”, analizó Malbrán.

Respecto al congelamiento del precio de los alquileres, el informe arroja que el 63% de los consultados se mostró en desacuerdo con volver a implementar esta medida. “El congelamiento es una medida que atiende la contingencia pero que, a la larga, termina achicando el mercado, generando mayor demanda y provocando que todas las partes pierdan”, opinó García Malbrán.

En lo que respecta a los incentivos de políticas públicas para impulsar la actividad, el 75% de los operadores consultados considera necesario extender el plazo del beneficio de la Ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda, conocida como “blanqueo de capitales para la construcción”. 

El sondeo de la entidad que agrupa a empresas y operadores del sector refleja que el 66% de los consultados considera positivo el impacto de la norma para favorecer la construcción.

Un eventual incentivo del Estado orientado hacia la construcción destinada a la renta, es aprobado por un 74% de los consultados. Casi unánimemente, operadores y empresas sostienen que el gobierno debe exceptuar del pago de algunos impuestos a locales comerciales, galerías, estacionamientos y oficinas.

El informe señala también que desde el inicio de la pandemia del Covid-19 en marzo de 2020, el valor de las propiedades ha sufrido una baja que en promedio está en el 30 por ciento.

El Observatorio revela que, de los más de 3500 operadores y empresas que se relevaron a lo largo y ancho del país, más de la mitad (52%) de los consultados sostiene que las propiedades bajaron un 20%, en tanto que un 25% considera que la caída está en el orden del 30%.

Sin embargo, el presidente de la entidad, el desarrollador y corredor inmobiliario Alejandro Ginevra, consideró que “si bien es una caída drástica en los valores de las propiedades respecto de años anteriores, la realidad indica que esa baja del valor de los inmuebles no supera el 20% en un año. En el marco de esta crisis, esto demuestra que el mercado inmobiliario es sólido, incluso en situaciones extremas como las que estamos viviendo”.