La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados dio dictamen favorable este miércoles al proyecto de una nueva ley de financiamiento educativo, enviado por el Poder Ejecutivo. El despacho cosechó 37 firmas, de las cuales 12 -de Juntos por el Cambio- fueron con disidencias.

El tema había sido cerrado este martes en la Comisión de Educación, cabecera de la iniciativa, por donde pasaron expositores de todos los sectores durante cuatro reuniones.

El Frente de Todos tenía la intención de debatir este miércoles el tema en el recinto, pero la sesión nunca se convocó y finalmente quedará para después del balotaje.

En el cierre del encuentro, desde el oficialismo ponderaron que haya más días para “pulir” el texto, a raíz de los reclamos que hubo por parte de la oposición sobre los recursos que deberán invertir las provincias.

La presidenta de la Comisión de Educación, Blanca Osuna (FdT), valoró el “intensísimo trabajo” realizado para poder llegar a la firma del dictamen. En su intervención, recordó que la primera Ley de Financiamiento Educativo fue impulsada por Néstor Kirchner en 2005, bajo la idea de “la educación como derecho y compromiso en su sostenimiento del Estado, que necesita de una acción concurrente entre la Nación y las provincias”.

La entrerriana señaló que “reforzando ese antecedente y yendo un paso más adelante”, la iniciativa plantea pasar del 6% del PBI a 8% en la inversión para el área, con “la condición de que haya convenios bilaterales”. “Es un proyecto que va a impactar en el Presupuesto 2024”, dijo.

Sobre la expansión del financiamiento educativo, mencionó que hubo “una modificación en cuanto a la curva” de modo que “el impacto que se tenga sobre la educación obligatoria sea mayor que el que originalmente estaba previsto”. Y detalló que para la educación obligatoria está previsto alcanzar el 6,5% para 2030, mientras que para las universidades se proyecta alcanzar el 1,5% para 2032.

Por otra parte, resaltó “la incorporación de un artículo que atiende a los fines, objetivos y metas para que las provincias aporten a los municipios los gastos ligados a la finalidad y función en los niveles de educación para adultos, educación popular, educación no formal”; y también que se puso “un énfasis especial en el capítulo formación docente”.

“Hay una preocupación respecto al tenor de los convenios, nosotros entendemos que es necesario poner hoy más recursos en educación” algo que va en contra de “los dichos nefastos, infaustos de que la educación en Argentina debe financiarse con bonos”, lanzó en referencia a la propuesta del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, sobre el sistema de vouchers. “Este proyecto de ley recupera lo mejor de la tradición argentina en materia del compromiso del Estado con la educación”, agregó.

A su turno, el diputado Alejandro Cacace (Evolución Radical) anticipó el acompañamiento con disidencias, al tiempo que valoró el “gran trabajo de la Comisión de Educación” para acercar posiciones.

Sobre las diferencias, se refirió a la Ley de Responsabilidad Fiscal y pidió que se mantenga el artículo que había traído el proyecto original. “Le estamos pidiendo a las provincias un incremento en sus erogaciones”, señaló y afirmó que se debe establecer que “el incremento no será considerado por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal”. “Si le pedimos a las provincias que inviertan más para cumplir con esta ley, no las podemos juzgar después por incumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal”, explicó.

Luego habló sobre la asignación específica de recursos coparticipables que se prevé, algo que es “válido, legítimo y constitucional hacerlo; nosotros compartimos que eso se haga”. Pero apuntó que “se establece la posibilidad de que las provincias tengan que disponer de recursos propios” y “eso ya es parte de la esfera de autonomía de los gobiernos provinciales”. “La decisión de invertir fondos tiene que ser de las provincias, no puede ser una imposición del Congreso”, añadió.

En esa línea, el puntano expresó: “Queremos que se incremente la inversión educativa en nuestro país, queremos que de ese esfuerzo participe la Nación y las provincias. Ahora, no se puede obligar a las provincias a hacerlo si no es por convenio”. Por eso, sugirió que se estipule que “en el caso que el incremento en el gasto consolidado que deben realizar las provincias y la Ciudad exceda a la asignación específica de los recursos coparticipables, podrán comprometerse recursos provinciales en tanto se instrumenten convenios entre Nación y provincias”.

Osuna volvió a tomar la palabra y aseguró que “acá lo que tiene que prevalecer es el interés supremo de resguardar el derecho de los chicos a la educación”. “Muchas veces vemos en gobiernos provinciales que las prioridades pueden no coincidir”, remarcó y defendió que “estamos contribuyendo a que efectivamente la prioridad de educación emerja”. “Hagamos el esfuerzo de asumir nosotros como legisladores esta responsabilidad”, pidió.

Otra de las voces desde la oposición fue la de Maximiliano Ferraro (CC-ARI), quien recordó que “no es un debate nuevo”. “Lo que no podemos hacer nosotros es poner un interés por encima de otro”, insistió, aunque aclaró que “por supuesto nosotros perseguimos el objetivo de la expansión del presupuesto”. Por eso, reclamó ver “de qué manera reforzamos los convenios” o que “haya leyes de adhesión o convenios ratificados por las Legislaturas”.

“Es un conflicto que tuvimos en 2005 y lo estamos teniendo ahora”, manifestó y completó que “tenemos que poder hacer el esfuerzo de encontrar una fórmula que compatibilice los dos intereses que perseguimos: la expansión con metas del presupuesto educativo y que eso no entre en colisión con el federalismo y los recursos de las provincias”.

La cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro) enfatizó que “la Nación no puede obligar a las provincias a gastar determinadas cuestiones en sus presupuestos” porque “es inconstitucional, no respeta la autonomía provincial”. “En el caso que las provincias no acepten, no firmarían los convenios. Si las obligamos a algo que ellas no están en condiciones económicas de hacer, no van a firmar los convenios, por lo cual la ley no va a ser aplicable”, advirtió.

En el cierre, el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez (FdT), se mostró dispuesto a “acercar todas las posiciones posibles hasta que este tema llegue al recinto”. “Se nos abre una ventana de tiempo que nos permite ordenar todo aquello que es ordenable”, señaló y ratificó “la decisión de evaluar cada uno de los aspectos y ver si podemos llegar a una solución definitiva”.

No obstante, recordó que esta misma discusión se dio en el pasado y después “no hubo ninguna demanda de inconstitucionalidad por el artículo que figuraba en la ley original”.

El santafesino reivindicó que, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y de Alberto Fernández, se dio un “diálogo permanente con cada una de las jurisdicciones” para poder llevar adelante políticas con “cofinanciamiento o financiamiento pleno por parte de la Nación”. “Lejos está el espíritu de condicionar, complicar, trabar la gestión económica-financiera de las provincias, al contrario, cada política que hemos llevado adelante hemos tratado de que se haga en acuerdo y con un fuerte compromiso de la Nación”, reiteró y concluyó diciendo que el consenso en torno al proyecto “es una gran noticia y una muestra de que cuando hablamos de unidad nacional es absolutamente posible”.

Finalmente, el presidente de la comisión, Carlos Heller (FdT), sostuvo que “tenemos dos visiones que no difieren en el fondo de la cuestión, lo que hay es una diferencia en el criterio constitucional”. Y pidió entonces “tratar de conciliar un texto que satisfaga las distintas cuestiones que se han planteado; creo que es posible” de manera de “ llegar al recinto con una propuesta lo más amplia posible”.