Hace cuatro años Eduardo Cáceres, un conocido abogado penalista de San Juan, se desayunó con una denuncia por supuesto acoso sexual y violencia de género que él habría ejercido sobre su expareja. La Cámara de Diputados le dio licencia y el kirchnerismo se subió a un show pidiendo que lo echen del Congreso, sin saber todavía qué había ocurrido. Cáceres había trabajado en el sector privado toda su vida y empezó su defensa por la denuncia.

Inicialmente la Justicia le negó la presentación de pruebas, que finalmente fueron determinantes para probar en la fiscalía su inocencia. Todo era mentira. Las marcas que habían sido expuestas en fotografías, de la mano de escraches en redes sociales, eran falsas. Los horarios que la mujer denunciante había planteado eran mentira, ni siquiera era de día y otro día de la semana. La geolocalización del teléfono demostró que todo, hasta la ubicación, era falso en la denuncia por violencia de género que había sufrido el entonces diputado.

La consecuencia de las falsas denuncias: un informe científico publicado en la Revista Argentina de Salud Pública a principios de 2022 mostró la diferencia de la tasa de mortalidad por suicidio según el sexo: en hombres fue de 12,6 por cada 100 mil habitantes, mientras que entre mujeres bajó a 5,4 cada 100 mil. Según un estudio realizado por investigadoras del Conicet, Antonella Bobbio y Karin Arbach, en promedio 34% de las mujeres y 22% de los varones agredieron físicamente a su pareja en los 12 últimos meses de relación.

Así, tras el asesinato de Alejo Oroño a manos de su expareja, empezó la gesta de la Ley Alejo, para añadirla a la Ley Micaela y lograr algo superador que permita que tanto mujeres, hombres y el colectivo LGTB tengan derecho a una situación justa en la cual se eviten escraches, falsas denuncias y operaciones de prensa para perjudicar a inocentes.

Tal es la magnitud del caso, que según datos que publicó la exdirectora de proyectos de Conicet, Marta Albarracín, en el marco de los conflictos post-divorcios, dos de cada tres denuncias contra padres por abuso sexual resultan falsas. Esto aumentó sustancialmente la tasa de suicidios en hombres que se ven inmiscuidos en situaciones de estrés y tensión por no poder demostrar su inocencia frente a las falsas denuncias.

La Ley alejo incomoda, interpela y exhibe la peor cara del feminismo actual y la Justicia con perspectiva de género. El caso Lucio Dupuy, asesinado a manos de su mamá y su novia, mostró que podría haber vivido felizmente con su abuelo y su tío, pero la jueza Ana Pérez Ballester le dio la tenencia a sus posteriores asesinas.