Luego de conocerse el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó este miércoles la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner, los bloques de Unión por la Patria en Diputados y en el Senado denunciaron lawfare y pidieron por el “no a la proscripción”.
En el comunicado del interbloque que preside el senador formoseño José Mayans, expresaron rechazo a “la persecución política, mediática y judicial a la que está siendo sometida la expresidenta de la República Argentina”. Asimismo, presentaron una lista con 250 presidentes, expresidentes y dirigentes que se solidarizaron con CFK.
En el texto, señalaron que la condena en la Causa Vialidad “tiene como objetivo eliminar de la vida política a la dos veces presidenta y expresidenta de los argentinos, así como también, los valores e ideales que ella representa”. Agregaron, además, que “no cabe dudas de que la causa es parte de un plan sistemático de persecución, articulada por sectores políticos, mediáticos y judiciales, cuyo fin es proscribirla e instalar discursos de odio y violencia”.
En relación al proceso, acusaron que la causa “estuvo plagada de irregularidades procesales y legales que provocaron una grave afectación de las garantías constitucionales de la expresidenta, en especial, su derecho a juicio”. “Todo el proceso judicial fue direccionado por una verdadera campaña mediática de mentiras, estigmatización y ataque contra CFK”, añadieron.
Por el lado del comunicado presentado por el bloque de UP en la Cámara baja -que también lleva insignia de los senadores-, acusan a los jueces Gustavos Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña de la Sala IV de Casación Penal de tener “la finalidad de impedirle al pueblo argentino volver a votar a quien le diera los mejores años de las últimas décadas”.
Asimismo, aseveraron que la Causa Vialidad “es un procedimiento mafioso y persecutorio contra el movimiento nacional y popular. En este plan sistemático, el artilugio de complicidades judiciales, económicas, políticas, y mediáticas condena a la expresidenta por un delito que no existió, en un juicio oral de 3 años en el que no pudieron presentar ni una sola prueba”.
Señalaron, además, que “los jueces que condenan a Cristina tuvieron probadas reuniones privadas, sociales y hasta deportivas con el expresidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos”. También, sumaron: “el actual presidente Javier Milei no queda afuera, el sábado 28 de septiembre exigió en público en Parque Lezama que los jueces federales avancen en la persecución”.
En el cierre, el comunicado expresó que “instamos a la reflexión a todas las fuerzas de la democracia como así también a desterrar las prácticas oscuras de la guerra judicial y la persecución política, digna de los tiempos más oscuros de la historia argentina”. “Defendamos juntos la democracia que tanto nos costó conseguir. No a la proscripción”, concluyeron.