La Justicia de Santa Fe condenó a dos integrantes del Sindicato de Camioneros por los bloqueos realizados en 2020 contra las firmas Razzini Materiales y Razzini Industrial SRL, en un fallo que la diputada nacional Verónica Razzini calificó como un hito en la lucha contra las prácticas sindicales extorsivas.
La sentencia fue dictada por el Tribunal de Primera Instancia del Distrito Judicial N° 2 de Rosario, integrado por los jueces Gonzalo Fernández Bussy, Mariano Aliau y Paola Aguirre, quienes impusieron a los acusados una pena de dos años y tres meses de prisión de ejecución condicional por el delito de turbación de la posesión.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Germán Mazzoni y se centró en los hechos ocurridos entre el 8 y el 29 de junio de 2020, cuando los sindicalistas condenados llevaron adelante medidas de fuerza y acciones de amedrentamiento en los accesos a los establecimientos de las empresas de la familia Razzini.
Según se acreditó durante el proceso, los manifestantes bloquearon el ingreso y egreso de camiones destinados a la carga y descarga de materiales, afectando el normal funcionamiento de las compañías e impidiendo el desarrollo de sus actividades.
Aquellos episodios tuvieron una fuerte repercusión en el ámbito empresario y derivaron en la creación del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), impulsado por la propia Verónica Razzini. Con el tiempo, esa exposición pública también la llevó a involucrarse en política hasta alcanzar una banca en la Cámara de Diputados.
Tras conocerse la sentencia, la legisladora celebró la decisión judicial a través de sus redes sociales y recordó el impacto que tuvieron aquellos acontecimientos en la empresa familiar.
“Durante 2020 la mafia sindical de camioneros bloqueó la empresa que fundó hace 60 años mi abuelo. Nos amenazaron, nos extorsionaron y durante 90 días nos llenaron de miedo y no nos permitieron trabajar”, afirmó.
Razzini señaló además que esa experiencia fue determinante para impulsar la creación del MEAB y profundizar su participación en la actividad política. “Para que nunca más nadie tenga que pasar por esto, que nosotros pasamos, fundé el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos y decidí involucrarme en política”, expresó.
La diputada destacó asimismo que la organización brindó asistencia a numerosas compañías afectadas por medidas similares y sostuvo que en los últimos años se consolidó una política pública orientada a combatir los bloqueos empresariales.
“Este fallo sentó un precedente histórico. En Argentina ya no hay lugar para las prácticas de la mafia sindical”, concluyó.
La resolución judicial adquiere relevancia por tratarse de una de las pocas condenas penales derivadas de conflictos sindicales con bloqueos a establecimientos privados, una modalidad que generó intensos debates en los últimos años sobre los límites entre el derecho a la protesta y la afectación de la actividad económica.