Un plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y la de Presupuesto y Hacienda, presididas por los diputados de La Libertad Avanza Manuel Quintar y Bertie Benegas Lynch, respectivamente, iniciaron este martes el debate sobre un proyecto que busca darle sostenibilidad financiera y fortalecimiento prestacional del sistema de salud con la presencia y exposición de representantes del sector privado.

Al inicio del encuentro, Quintar sostuvo que “el sistema de salud privado está atravesando una permanente crisis hace más de 25 años. Creo que este Gobierno se ha caracterizado por querer atacar los problemas de raíz y buscar soluciones que perduren en el tiempo y de una vez por todas salir de la emergencia sanitaria nacional”.

“Es un proyecto que tiene amplio consenso con todo el sector de diputados de la oposición que, estimamos, muchos van a acompañar. Teniendo en cuenta que el sector privado de la salud se interrelaciona con el sector público. La salud privada tiene alrededor de 1 millón de puestos de trabajo en forma directa y es momento de darle un manto de tranquilidad y seriedad al tratamiento de la salud de los argentinos”, planteó.

En su carácter de médico, el diputado Bernardo Biella (Argentina Federal) explicó su iniciativa: “Desde la pandemia y, poco antes, la salud ha sido lo que nos ha brindado poder hacer cualquier tipo de actividad. Con la pandemia aprendimos que sin salud no tenemos nada”.

“El sistema de salud privado maneja más del 50% de los ciudadanos en lo que respecta internación y asistencia con más de 1.900 instituciones. Hace 21 años, con esa debacle económica que hubo, las obras sociales se declararon en quiera y los prestadores sufrieron el embate y se declaró una emergencia económica que tiene más de 25 años., pero ¿hasta cuándo vamos a seguir con esto sin tener previsibilidad en las instituciones de salud privada?”, planteó el salteño.

Biella señaló que la inflación en salud “ocurre en dólares lo que desfinancia aún más las clínicas y sanatorios”. Así, indicó que existen casi 300 obras sociales y que “el eslabón más débil de la cadena es el sistema privado de salud. Las instituciones sanatoriales pasan a ser financiadores del sistema de salud, pero a pérdida porque hasta que pagan la inflación se come el costo”.

 

Según el salteño, la iniciativa busca darles previsibilidad a las obras sociales en la optimización de ingresos y ordenamientos de pagos y está basado en cuatro pilares: una moratoria hasta 180 cuotas, un recupero de IVA, la deuda del PAMI y cuenta esencial sanatorial “inembargable para pagar los insumos”. Respecto de este último punto, indicó que al día de hoy muchas instituciones “no están al día ni con sus aportes, ni con sus impuestos”.

“Este proyecto busca el equilibrio fiscal al mediano plazo, ya que gracias a la regularización de los aportes de clínicas y sanatorios este equilibrio pueda mejorar con los aportes de las instituciones privadas. Los que pagan al día tendrán exenciones impositivas entre el 25% al 50% de ganancias. Todo esto beneficiaría a los pacientes, la idea de mantener un sistema de salud privado de pie que pague sus impuestos y tenga estabilidad y previsibilidad es teniendo un sistema autosustentable sin emergencias”, explayó.

Por último, sobre el tema del PAMI busca un relevamiento y compensación de créditos ante la deuda que tiene con sanatorios privados para que amalgamen las mismas. Para concluir, manifestó que “la idea de mantener un sistema de salud privado de pie, que pague sus impuestos, y que tenga la estabilidad y previsibilidad que nosotros queremos, es sin lugar a dudas teniendo un sistema autosustentable, sin tener emergencias todos los años”.

De forma breve, María Gabriela Flores (LLA), como cofirmante del proyecto, aseguró que “el sector privado de la salud es indispensable para nuestro país”, y manifestó: “Espero que podamos darle a la medicina privada el lugar que se merece para que continúe siendo, no solo un efector de salud, sino para que continúe investigando, invirtiendo y mejorando la calidad de nuestros médicos, lo que será mejorar la calidad de todo nuestro sistema de salud porque sin salud no hay nada”.

Los expositores
En representación de la Confederación Argentina de Prestadores de Salud (CAPS), José Sánchez Cabezas, expresó que durante más de un siglo la Argentina construyó un sistema de salud que fue “referencia” para toda América Latina. En esa línea, indicó que “la salud argentina no se divide entre públicos y privados cuando llega el momento de atender un paciente, y tampoco debe dividirse cuando llega el momento de defenderla”.

Al respecto, advirtió que “estamos ante un problema estructural”, y comentó que en los últimos 20 años se perdieron más del 30% de los establecimientos privados de salud, al tiempo que la medicina avanzó de forma extraordinaria, pero “significa que cuidar la salud es más complejo y costoso. Cada vez tenemos más dificultades para mantener las instituciones porque los ingresos de los prestadores no acompañan esa evolución”.

“La salud es un servicio esencial; sin embargo, no recibimos un tratamiento tributario acorde a esa condición. Es un desequilibrio estructural. Hace más de 20 años que la Argentina reconoce que su sistema prestador de salud está en emergencia», cuestionó y detalló: “Distintos gobiernos y distintas composiciones de este mismo Congreso fueron prorrogando esta situación. No es responsabilidad de un partido político, es una deuda institucional que acumulamos como país. La emergencia permitió evitar consecuencias inmediatas, pero no resolvió las causas, y mientras las prorrogábamos seguíamos perdiendo instituciones, profesionales e infraestructura sanitaria. Prorrogar una emergencia puede ser necesario, pero no puede convertirse en una política de estado”.

Sobre el proyecto en debate, Sánchez Cabezas recalcó que “es un paso importante, que no resuelve todo, pero aborda cuestiones concretas largamente postergadas”. Además, informó que “la salud necesita una respuesta federal que requiere compromiso en todos los niveles del estado”. Por último, reflexionó que “las emergencias administran crisis y las políticas de estado construyen capacidades”.

A continuación, Hugo Néstor Magonza, de la Unión Argentina de Salud (UAS) expresó que “esta ley es una reparación histórica que tiene la sociedad para el sistema sanitario y nos hace un favor al sector porque nos da un aire para poder ir por un sistema mejor”. En la misma línea, sostuvo que la norma “tiene una esencial importancia porque nos da la oportunidad de seguir funcionando bajo una circunstancia que nos permita dar los servicios de calidad”.

En tanto, Silvia Monet, de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA), hizo mención a que “es necesario buscar un alivio fiscal, proteger el financiamiento y la garantía de cobro de las prestaciones”. En ese sentido, solicitó “la exención de impuestos sobre débitos y créditos bancarios; la reducción de contribuciones patronales, la amortización acelerada de la inversión en infraestructura y tecnología; y el tratamiento especial de quebrantos impositivos”.

También, hicieron uso de la palabra Carlos Pesa, director del Sanatorio 9 de Julio, de Tucumán (de forma virtual); Rodrigo Sánchez Almeyra, titular de Salud Federal; Osvaldo Corti y Gerardo Figueroa, de la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (CAPRESS); y Juan Gras, presidente de la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (CONFECLISA);

Durante el encuentro, los legisladores acordaron designar al diputado Pablo Juliano (Provincias Unidas) para ocupar la vicepresidencia segunda de la comisión de Acción Social y Salud Pública.

Por redaccion

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