El Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley denominado “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias”, conocido como “Súper RIGI”, con el objetivo de atraer inversiones de gran escala en sectores que hoy no tienen desarrollo o se encuentran en fase experimental en la Argentina.
La iniciativa, formalizada mediante el mensaje N° 181/2026 y enviada al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, apunta a crear “un régimen integral de incentivos, seguridad jurídica y estabilidad normativa” destinado a captar capitales para industrias estratégicas.
Según fundamentó el Ejecutivo, el proyecto busca revertir un escenario caracterizado por “décadas de inestabilidad normativa, presión tributaria excesiva, restricciones cambiarias y un marco regulatorio que desincentivó sistemáticamente la radicación de grandes inversiones”. En ese sentido, advierte que esa situación dejó al país “al margen de las cadenas globales de valor en sectores estratégicos como la inteligencia artificial, los semiconductores, la biotecnología avanzada y la infraestructura digital”.
La propuesta se presenta como una evolución del actual RIGI aprobado con la Ley 27.742, aunque con un alcance más acotado: estará dirigido exclusivamente a “actividades económicas genuinamente nuevas en el país, con un impacto transformador en la estructura productiva nacional”.
El texto establece que podrán acceder al régimen proyectos con una inversión mínima de 1.000 millones de dólares, con la obligación de ejecutar al menos el 20% en los primeros dos años. Además, las iniciativas deberán canalizarse a través de Vehículos de Proyecto Único (VPU), creados exclusivamente para cada emprendimiento.
Entre los principales beneficios contempla una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada de inversiones, deducción de quebrantos sin límite temporal y una tasa del 3,5% sobre dividendos luego de cuatro años. También prevé exenciones de derechos de importación y exportación, junto con un esquema de certificados de crédito fiscal para el IVA.
En materia cambiaria, el régimen habilita la libre disponibilidad progresiva de divisas generadas por exportaciones y elimina la obligación de liquidar dólares vinculados a financiamiento o aportes de capital. A esto se suma una estabilidad normativa —tributaria, aduanera, previsional y cambiaria— por un plazo de 30 años desde la adhesión.
El proyecto también contempla incentivos laborales, como una alícuota única del 10% en contribuciones patronales para nuevos empleos generados por los proyectos.
Otro punto central del esquema es la exigencia de adhesión por parte de provincias, la Ciudad de Buenos Aires y, eventualmente, municipios. El Gobierno plantea que el éxito del régimen depende de un compromiso coordinado de todas las jurisdicciones para garantizar “condiciones tributarias razonables, estabilidad regulatoria y estándares de desarrollo acordes a las mejores prácticas internacionales”.
En su mensaje al Congreso, el Ejecutivo subrayó que el país necesita “emitir una señal institucional inequívoca hacia los inversores” y sostuvo que la iniciativa busca posicionar a la Argentina “como un destino de inversión de primer nivel mundial en industrias del futuro”.
Asimismo, defendió el enfoque promercado del proyecto al señalar que “su lógica no es la de favorecer al capital en abstracto, sino la de vincular los incentivos que se otorgan con resultados tangibles para las comunidades donde los proyectos se radican: empleo genuino y sostenido, transferencia de tecnología y desarrollo de cadenas productivas locales”.
El “Súper RIGI” forma parte del paquete de iniciativas anunciado el viernes pasado (cuatro, junto con la ley de lobby, Etiquetado Frontal y ludopatía) y quedará ahora bajo análisis de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará avanzar con una de las principales apuestas económicas de su agenda legislativa, con el objetivo de atraer inversiones en sectores considerados clave para el desarrollo de largo plazo.