Debido a los reiterados reclamos por parte de los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el diputado de Fuerza por Buenos Aires (FxBA) Leandro Santoro convocó este lunes a las 17 en la Legislatura porteña a una audiencia ciudadana para escuchar a las familias «hostigadas» por las agencias de cobranza.
El encuentro se desarrollará en el Salón Dorado del Parlamento y está orientado a escuchar los testimonios de personas que hayan sido víctimas de hostigamiento y prácticas abusivas por parte de agencias de cobranza y empresas dedicadas al recupero de deudas.
Según precisó el legislador, entre las prácticas más habituales por parte de estás agencias se encuentran los llamados reiterados a cualquier hora, comunicaciones con familiares, compañeros o lugares de trabajo, amenazas de embargo, mensajes que aparentan ser intimaciones judiciales, acusaciones de fraude o estafa y reclamos de deudas inexistentes, ya pagadas o prescriptas.
Y si bien muchas de estas conductas ya están prohibidas por la normativa vigente en la Ciudad, la falta de mecanismos eficaces de control permite que continúen ocurriendo. Por lo que la audiencia busca poner en el centro la voz de quienes atravesaron estas situaciones: conocer cómo operan actualmente las agencias, identificar las prácticas más frecuentes y recoger experiencias que permitan construir mejores herramientas de protección.
La convocatoria se realiza en el marco del trabajo que encabeza Santoro para elaborar un nuevo régimen de protección frente a las cobranzas extrajudiciales en la Ciudad de Buenos Aires, que reemplace y fortalezca la legislación actualmente vigente.
Entre los lineamientos que se encuentran en estudio se propone establecer un sistema obligatorio de licencias para las agencias de cobranza, un registro público que permita verificar quién está autorizado a reclamar una deuda y desde qué teléfonos o canales puede hacerlo, mayores mecanismos de control y sanciones frente a prácticas abusivas, y un programa gratuito de asistencia y recepción de denuncias para las personas afectadas.
También se busca establecer límites más precisos a las formas de contacto y prohibir expresamente prácticas como llamar más de una vez por día o dos veces por semana por una misma deuda, contactar al entorno laboral o familiar, simular comunicaciones judiciales o utilizar amenazas y referencias a delitos penales como mecanismo de presión.
La iniciativa legislativa se encuentra todavía en etapa de elaboración y los testimonios y experiencias recogidos durante la audiencia serán parte del proceso de discusión para mejorar la regulación existente y construir herramientas más eficaces frente a los abusos.