Está semana se dieron marchas por todo el país por el fuerte ajuste del gobierno de Milei en las universidades publicas.
Si bien es claro que el reclamo es legítimo, dado que el financiamiento a la educación universitaria publica se encuentra dentro de la ley de educación superior.
La postura del gobierno de Milei es que las universidades publicas no rinden cuentas de los gastos que realizan y en muchos casos hay administración fraudulenta para beneficiar amigos de las gestiones rectorales o decanatos.
Se cita como ejemplo el caso de ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán, Cerisola procesado y condenado por administración fraudulenta del erario público.
Por lo que para Álvarez funcionario de Milei encargado de defender el discurso de ajuste. Es válido y legítimo que se exija que rindan cuentas de los gastos que realizan y quienes son las empresas que se contratan para brindar servicios a las universidades.
Según Alvarez los negociados arrancan desde las concesión del comedor estudiantil, hasta las obras públicas que se realizan. Por ejemplo la universidad nacional de Tucumán jamás hizo las obras que debía realizar con regalías mineras. Plata que también le pertenecía a las otras universidades publicas.
Sin dejar de resaltar que muchos de los docentes que reclaman salarios bajos, nunca rindieron concursos válidos, sino que solo renuevan sus designaciones con concurso armados a su medida, con amigos o familiares dentro de los tribunales evaluadores. La casta universitaria es igual a la familia judicial , todos los cargos quedan en familia.
En términos conclusivos es claro que el financiamiento a universidades publicas es necesario, pero también es necesario que sean controladas. Sino viven en una anomia dirigida por falsos intelectuales que no rinden concursos válidos.
El ex rector Cerisola, es un claro ejemplo de un supuesto docente intelectual de ciencias económicas. Que terminó condenado como cualquier delincuente.