Durante el primer tramo de la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados, funcionarios de distintas provincias dejaron plasmadas ambas posturas en torno al proyecto.
Segunda expositora en hablar en la jornada presencial de este miércoles, Vanina Basso, secretaria de Ambiente y Cambio Climático de La Pampa, aseguró que en su provincia existe «una memoria hídrica dolorosa» y, por eso, «el agua no es un concepto abstracto, es una condición de existencia. Nosotros somos una provincia aguas abajo, eso quiere decir que nuestro presente y, sobre todo, futuro, depende de decisiones que se toman lejos de nuestro territorio. Y por eso este debate no es ajeno, es central».
«Todos los ambientes glaciares y periglaciares son reservas estratégicas de agua dulce y ocupan tan solo el 0,3% del territorio nacional, sabemos que están retrocediendo, que la nieve disminuye, que los deshielos se adelantan y eso ya está afectando a los caudales de nuestros ríos. En este contexto, flexibilizar la protección de estos sistemas no es una decisión neutra, es una decisión que aumenta el riesgo», advirtió.
La funcionaria mencionó que en su provincia el 70% de la población depende del río Colorado, «alimentado por ambientes glaciares y periglaciares en la cordillera de Mendoza». En ese sentido, mencionó que «un punto clave es la interjurisdiccionalidad» ya que «los ríos no reconocen límites políticos».
Al recordar el caso del río Atuel, Basso señaló que fue «una historia de decisiones unilaterales aguas arriba, que generaron desertificación, pérdida de biodiversidad, deterioro productivo y desplazamiento de poblaciones. Una herida hídrica que sigue abierta siete décadas después».
«Por eso hoy no podemos mirar esta reforma con ingenuidad, porque sabemos que cuando se debilitan los controles, cuando se fragmentan las reglas y cuando se priorizan los intereses de corto plazo las consecuencias las pagan siempre los territorios más vulnerables», aseveró.
La secretaria de Ambiente afirmó que «en este contexto no es constitucional, ético ni responsable flexibilizar la protección de nuestros glaciares, representando un avasallamiento del federalismo ambiental». «La Pampa rechaza la modificación de la Ley de Glaciares, porque sin agua no hay presente ni futuro, y defenderla es nuestra responsabilidad», cerró.
Desde la postura a favor de la modificación de la ley habló Gustavo Emilio Fernández, ministro de Producción de San Juan, quien expresó el apoyo a esta reforma por parte del gobernador Marcelo Orrego, lo que despertó abucheos.
El funcionario apuntó «la falsa dicotomía que existe entre actividades nobles y lícitas, como la minería, en relación con el eficiente y sostenible uso del agua o el desarrollo de una matriz productiva diversa». «San Juan es una provincia montañosa y desértica, solo el 3% de su territorio pertenece a oasis donde conviven la población y agricultura. Nadie mejor que nosotros, estamos comprometidos con la defensa del agua y los glaciares, pero la geografía nos define y la minería resulta ineludible para nuestras posibilidades», manifestó.
Tras describir la matriz productiva sanjuanina, Fernández dijo: «En mi provincia mayoritariamente los empleos mineros son locales y tiene capacidad de desarrollar al resto de las actividades», como por ejemplo, con infraestructura.
El ministro detalló que el 81% del agua que se consume es en actividades agrícolas, el 16% en consumo humano «y solo el 3% corresponden a las concesiones para el uso del agua a la minería», actividad que podría «ayudar a los productores agrícolas a utilizar más eficientemente el agua», expresó.
«La ineficiencia de los canales de distribución primaria han sufrido 20 años de abandono por parte del gobierno kirchnerista, que los abandonó y los dejó sin mantenimiento», lanzó y fue aplaudido por el oficialismo. «La minería está ayudando con inversiones y recursos para nuevos sistemas de distribución de riego» y también con inversiones al gobierno local «para la implementación de programas de reconversión agrícola», destacó.
También desde San Juan, Roberto Moreno, secretario de Gestión Ambiental y Control Minero aclaró una serie de conceptos técnicos vinculados al objeto de protección de la ley vigente. “Las formas de hielo del ambiente glaciar, que son 100% agua, ese tipo de formas no está en discusión su protección, que tienen una función hídrica totalmente comprobada y son susceptibles a los cambios climáticos estacionales y de temperatura. Esos glaciares no están en la discusión sobre si se tienen que proteger o no: se tienen que proteger”, enfatizó.
Y agregó que “las formas con o sin hielo del ambiente periglacial son las que tienen que demostrarse la significancia hídrica mediante estudios de tercer nivel, que están reglamentados en la Ley 26.639, y que pueden indicarnos claramente la significancia o insignificancia hídrica de una geoforma que esté en el inventario nacional de glaciares”.
A continuación, el geógrafo planteó que “estos estudios son metodologías aceptadas mundialmente”, y recordó: “Provengo de San Juan y ahí se han realizado los dos primeros estudios de tercer nivel en glaciares de escombros”. Gracias a los mismos, “podemos asegurar que no están interviniendo en el funcionamiento de las cuencas hídricas. La calidad del agua del hielo que se ha podido analizar en estos estudios indica que superan ampliamente los niveles guía para uso y consumo de la humanidad: hombre, vegetales y animales”, precisó.
Moreno reiteró que “el ambiente glaciar no está en discusión su protección; el ambiente periglacial se debe comprobar su significancia hídrica”. Y cerró: “No se trata de proteger menos, sino de proteger mejor”.
A partir de la tercera hora de la audiencia pública, la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, tuvo una confrontativa intervención contra las autoridades del plenario y los referentes de La Libertad Avanza. Primero, se acercó a la mesa principal portando una pila de inscripciones impresas (atadas) que dejó delante de Mayoraz y Peluc; luego cargó: “Es el colmo que entreguen los glaciares y hablen de las impresiones”.
El arranque caliente de la funcionaria camporista no quedó ahí: rápidamente se refirió al titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales y lo acusó de “caradurez”. Irónica, siguió con los señalamientos: “En cada hoja hay 60 nombres y si cada persona enviara una hoja de argumentos van a tener 60 pilones como ese para ver si se leen, pero evidentemente no los van a leer”.
Lejos de apaciguar la intervención, Vilar relató sentir “escozor y angustia” por la actitud del oficialismo en virtud del avance de la modificación de la Ley de Glaciares; explicó que la Cuenca del Salado atraviesa cinco provincias y la zona sur de la PBA tiene 80.000 hectáreas productivas; y concluyó: “Les pedimos por una razón humana que no avancen con esto porque esto es irreversible”.
Exlegislador nacional y funcionario del área de Ciencia y Tecnología en el gobierno del Frente de Todos, Daniel Filmus, se hizo presente en el Anexo C de la Cámara baja y señaló que “no vamos a permitir que la minería arrase con las reservas estratégicas de agua y afecten el futuro de las generaciones”. También afirmó que “defendemos el agua y el ambiente como un derecho y porque hubo una ley votada y aprobada por unanimidad”.
Con la misma impronta, consideró que “el agua no es de las provincias, son temas federales” y remarcó que “reabrir esta discusión, está perjudicando el agua y la posibilidad de la minería en el país”. Cabe recordar que Filmus era senador oficialista cuando se sancionó la Ley de Glaciares en 2010. “Espero que escuchen, lean los debates porque fueron dos años de debate y la Corte Suprema la avaló”, concluyó.