La Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo que preside el senador radical Daniel Kroneberger, llevará adelante este martes 27 de octubre, a partir de las 10, una audiencia pública en el Salón Azul del Palacio Legislativo, ubicado en Hipólito Yrigoyen 1849, para el tratamiento de las postulaciones destinadas a integrar el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT).
La convocatoria tiene como objetivo evaluar los antecedentes y propuestas de los candidatos postulados por los bloques parlamentarios y por la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación, de acuerdo con lo establecido por la Ley 26.827, que regula el funcionamiento del organismo.
Durante la audiencia expondrán los candidatos propuestos para cubrir las representaciones parlamentarias y del Poder Ejecutivo. Por el Senado fueron postulados Mariano Ariel Przybylski, Gabriela Silvana Bencina y el exsenador nacional del Pro Humberto Schiavoni. En representación de la Cámara de Diputados participarán Fernando Gabriel Zarabozo, Diego Hernán Armesto y el exdiputado nacional de UP Eduardo Toniolli. A su vez, la Subsecretaría de Derechos Humanos propuso a Leonardo Fabián Szuchet.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura es el organismo responsable de supervisar los lugares donde se encuentran personas privadas de su libertad, con el propósito de prevenir hechos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Entre sus principales funciones se encuentra la realización de visitas e inspecciones en cárceles, comisarías, institutos de salud mental, hogares de niñez y adolescencia y otros espacios de encierro. Además, coordina el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, articula el trabajo con organismos de derechos humanos y mecanismos provinciales, y formula recomendaciones destinadas a mejorar las políticas públicas en la materia.
Asimismo, el CNPT administra registros de información vinculados a casos de tortura y muertes bajo custodia estatal, desarrolla programas de capacitación para operadores judiciales y fuerzas de seguridad, y trabaja bajo los estándares establecidos por el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas.
La audiencia pública constituye uno de los pasos previstos por la normativa para avanzar en la integración del organismo, considerado una pieza clave dentro del sistema de protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en la Argentina.