Tras la designación de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia, el Gobierno decidió avanzar a fondo con la cobertura de vacantes en el Poder Judicial. Con más de 200 expedientes enviados a la Mesa de Entradas del Senado, ya fueron aprobados cerca de 170 en el recinto. Para quienes vayan a agitar el fantasma de una justicia mileísta, vale aclarar que el interbloque Popular —presidido por José Mayans— solamente objetó seis nombramientos.
La principal bancada opositora rechazó los pliegos de María Julia Sosa, Emilio Rosatti, Víctor Pessino, Javier Cosentino y Pablo Bertuzzi. En tanto, la prórroga por cinco años de Carlos Alberto Mahiques —padre del funcionario— en la Cámara Federal de Casación Penal solamente tuvo la objeción del kirchnerismo duro. En ese caso, solo 11 integrantes del bloque Justicialista votaron en contra, en una elección en la que el magistrado consiguió más de dos tercios.
Curioso teniendo en cuenta que los pliegos son enviados por el Ejecutivo, La Libertad Avanza también se opuso a un pliego: el oficialismo rechazó a Verónica Michelli por su vínculo familiar con el periodista que investiga el caso $LIBRA, Hugo Alconada Mon. Por esa directiva de Casa Rosada, la bancada oficialista atravesó sus primeras turbulencias cuando Patricia Bullrich puso su renuncia a la jefatura del bloque a disposición del presidente Javier Milei.
Para calmar las aguas, el líder libertario no aceptó la renuncia, aunque Bullrich se abstuvo después de votar el pliego. El senador Francisco Paoltroni fue el único que desobedeció las indicaciones que llegaban desde Balcarce 50, mientras que Luis Juez se ausentó, pese a haber manifestado sus discrepancias con el Gobierno. El resto de los senadores libertarios siguió el pedido de Karina Milei y votó en contra. Aunque el Senado aprobó el pliego, el Poder Ejecutivo no firmó la designación de Michelli en el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata.
Una situación similar ocurrió con el pliego de María Julia Sosa para ocupar el TOF N° 3 de La Plata. El Gobierno dejó trascender que el nombramiento todavía no fue firmado porque el tribunal no se encuentra habilitado. De todas maneras, el interbloque Popular rechazó su pliego en la sesión ordinaria del 4 de junio. El motivo: Sosa es secretaria de Julián Ercolini, juez federal que elevó a juicio la causa contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad y que participó del viaje a Lago Escondido.
Esa misma tarde, los senadores peronistas también rechazaron la designación de Emilio Rosatti —hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación— en el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Sin embargo, juró en el cargo una semana después de la sesión, pocas horas después de la publicación de su designación en el Boletín Oficial.
En la sesión del 16 de julio, en la que se trataron pliegos elevados por la Comisión de Acuerdos, el interbloque Popular rechazó la prórroga de Víctor Pessino en la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal y la designación de Javier Cosentino en la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal.
Pessino había sido señalado por distintos sectores de la oposición luego de revocar la medida cautelar que regía sobre la Ley de Modernización Laboral. También había dispuesto la intervención de la UOM, hechos por los cuales fue duramente cuestionado durante la audiencia a la que asistió el pasado 9 de junio. Al rechazo del interbloque Popular se sumaron Convicción Federal, Moveré por Santa Cruz y los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger.
Esa jornada también tuvo el tratamiento del pliego de Javier Cosentino, junto a otros 54 dictámenes. El magistrado, resistido por el kirchnerismo, fue quien en 2018 dictó el fallo que confirmó la quiebra de Oil Combustibles SA, principal empresa del Grupo Indalo. La firma administró un grupo de medios de comunicación afines a Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
El último pliego rechazado por la oposición más dura del Senado fue el de Pablo Bertuzzi, designado en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. El rechazo se debió a que el magistrado había sido trasladado por disposición de Mauricio Macri en 2018 sin haber realizado el concurso correspondiente y sin acuerdo del Senado.
En síntesis, el Poder Ejecutivo aspira a cubrir unas 300 vacantes en el Poder Judicial. Durante este período ordinario ya logró aprobar más de la mitad, cerca de 170 pliegos, mientras que la oposición más dura, representada en el interbloque Popular, solamente rechazó seis en el recinto.