Con el aval de los aliados y toda la oposición dialoguista, el Senado aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) por 46 votos afirmativos, 22 negativos y 0 abstenciones. El dictamen sufrió cambios, por lo que debe volver a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.
Tal como adelantó parlamentario.com, hubo modificaciones para que la remoción del Directorio requiera mayoría absoluta y no dos tercios como propuso el Poder Ejecutivo en el texto original que aprobó la Cámara baja el 26 de agosto. Del mismo modo, se estableció que la Cámara alta conserve la atribución constitucional de exclusividad respecto al tratamiento de nombramientos.
Además de La Libertad Avanza, el Pro y la Unión Cívica Radical, votaron a favor Convicción Federal, Provincias Unidas, Movimiento por Misiones, Moveré por Santa Cruz, Despierta Chubut, Primero los Salteños, Independencia y La Neuquinidad. Solamente el interbloque Popular votó en contra en la general.
Sin embargo, al momento de votar en particular el artículo que propone la mayoría absoluta para la remoción del Directorio del Banco Central, el bloque Justicialista, el Frente Cívico santiagueño y Justicia Social Federal acompañaron el blindaje de la modificación para evitar que la Cámara baja pudiera insistir con la redacción original del Poder Ejecutivo que exigía las dos terceras partes para remover algún cargo de la entidad. Solo los santacruceños Natalia Gadano y José Carambia votaron en contra.
Mientras se llevaba a cabo la sesión ordinaria de este jueves, el oficialismo incorporó un nuevo artículo que establece un plazo de seis años para el cargo de presidente, vicepresidente y directores de la autoridad monetaria. Esta incorporación pasó a ser el artículo 3 del dictamen modificado.
El resto de las votaciones en particular superaron los dos tercios de los presentes con la excepción de los artículos 13, 14, 20 y 22 que tuvieron el voto negativo de la senadora salteña Flavia Royón y el interbloque Popular. De esta manera, el Senado blindó el dictamen de la cámara revisora y la Cámara de Diputados tendría que superar esa mayoría calificada para imponer el dictamen de origen.
Entre los principales cambios que propone el Gobierno nacional, la más rimbombante es definir como misión central del BCRA a la preservación del valor de la moneda nacional. Y a su vez, elimina los objetivos múltiples definidos en 2012 durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont, en la presidencia de Cristina Kirchner.
También, se elimina la posibilidad de que el ministro de Economía participe con voz en las reuniones del directorio del BCRA; se derogan los adelantos transitorios y se prohíbe al Banco Central otorgar préstamos al Estado nacional, provincias, Ciudad de Buenos Aires y municipios; y el BCRA no podrá adquirir títulos emitidos por el Estado nacional al momento de su colocación.
El debate en el recinto
En el arranque del debate, el senador oficialista Agustín Monteverde informó la modificación acordada con «todos los bloques», lo que provocará que el texto vuelva a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda fue el primer orador y comenzó por el cambio que tendrá el articulado en cuanto al mecanismo de designación y remoción de las autoridades del Banco Central.
En el caso de las designaciones de los directores del BCRA, «se requerirá el acuerdo del Senado de la Nación por mayoría absoluta» para nombrarlos «por el término de seis años», explicó. Y, en cuanto a la eventual remoción de cualquiera de las autoridades, ésta «deberá ser decretada por el Poder Ejecutivo, con la previa aprobación del Senado, con mayoría absoluta», indicó.
El texto original incluía a la Cámara de Diputados en la remoción y exigía, en ambas cámaras, los dos tercios de los presentes.
Durante su discurso, el legislador defendió que esta reforma «no se trata de un capricho, no se trata de seguir ninguna teoría abstracta, sino por las evidencias concretas de la tragedia en las que nos sumió la permeabilidad de la Carta Orgánica del Banco Central entre 2003 y 2023. Veinte años de saqueo institucional que le costaron al país el equivalente al 85% del PBI».
Agustín Monteverde, en el rol de miembro informante, leyó los cambios a la media sanción.
A su turno, la libertaria Nadia Márquez arrancó: «91 años de la mayor estafa a los argentinos, de financiar el gasto público con emisión monetaria, porque desde la creación del Banco Central en 1935 nos costó muy caro a todos los argentinos: 13 trillones por ciento de inflación desde la creación del banco».
En un discurso contra los gobiernos kirchneristas, la neuquina apuntó que la inflación acumulada durante el gobierno de Néstor Kirchner «fue de 60%», de «120%» en el primer gobierno de Cristina Kirchner y de «175%» en el segundo. «Obviamente, el peor gobierno de la historia, Fernández-Fernández, con un 1.000% de inflación, y además triplicó la emisión monetaria que había tenido Cristina», lanzó sobre la última gestión y añadió que «(Sergio) Massa nos dejó 11 mil millones de dólares en reservas negativas».
Por el contrario, la senadora cercana a Karina Milei defendió que la gestión de Javier Milei avanza «sin emisión descontrolada y con un crecimiento económico sostenido de 27 meses, le guste a quien le guste, le duela a quien le duela».
Márquez recordó que la Carta Orgánica tuvo 10 modificaciones, algunas por ley y otras por DNU, pero en esta ocasión «por primera vez tenemos un Gobierno que no viene a pedir poder para sí mismo. «¡Son ellos los que financiaron al Estado emitiendo, los que generaron la inflación!», enfatizó y afirmó que se busca «impedir que eso vuelva a suceder o sea lo más difícil posible».
El debate osciló entre las críticas “oficialismo-kirchnerismo”, con pasajes muy técnicos, conforme el tema tratado, y discursos reflexivos. En ese contexto, el senador entrerriano Joaquín Benegas Lynch dijo en un pasaje que “muchas veces se nos presentan políticas de desarrollo y se están pidiendo subsidios”. Es decir, continuó, “arranquémosle a uno, para darles a otros. Se disfrazan mucho sobre el concepto de justicia social”.
Y lanzó: “La justicia social es un robo. La justicia social es lisa y llanamente un robo: es arrancarle los recursos a uno, para darles a otros. Y en el medio, el político nunca pone un peso. El legislador nunca va a generar una fundación con recursos genuinos y legítimos para poder auyudar. Sino que es muy fácil hablar con el bolsillo ajeno”.
Flavia Roýon de Primero los Salteños confirmó su acompañamiento en general, pero reveló su oposición a los artículos 12,13, 19 y 21. Previo a mostrar sus discrepancias destacó el espíritu de esta norma y consideró que esto traerá “un país serio, una moneda estable porque necesitamos un BCRA que cuide el valor de la moneda y no emitir para convertir eso en inflación que es lo peor para los argentinos y para los más humildes”.
Agregó, además, que los beneficios de este proyecto de ley “son para cortar los mecanismos de raíz”, y lanzó una crítica a las gestiones que fueron del 2003 al 2023 al recordar que fueron girados de la entidad al Tesor Nacional “el equivalente al 85% de nuestro PBI (Producto Bruto Interno)”. Para terminar, la senadora salteña destacó los cambios a la media sanción respecto a los mecanismos de remoción: “Es un paso correcto en la dirección correcta”.
En el cierre del debate, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, explicó que “muchas veces se piensa que la reforma del Banco Central suena algo lejano, pero es algo que se vive todos los días y por eso es importante que los ciudadanos sientan esta ley como un cambio muy fuerte”.
Bullrich planteó: “No es una ley cualquiera la que estamos discutiendo, es una visión clara”, y recordó que en 2012 el kirchnerismo reformó la Carta Orgánica y “le puso cuatro frentes a la vez como si el Banco era de un gobierno en particular”, y comparó: “Hoy estamos desarmando ese diseño y volvemos a un texto más similar cuando el Banco Central tuvo como misión primaria preservar la moneda”.