En su tercera reunión, la Comisión de Legislación General, presidida por la senadora Nadia Márquez (LLA), retomó este miércoles el tratamiento del proyecto de Ley General de Sociedades enviado por el Poder Ejecutivo Nacional que propone derogar la Ley N.º 19.550, vigente desde 1972.
Durante el encuentro, especialistas en materia penal expusieron sus distintas perspectivas sobre los alcances de la propuesta y los aspectos que, a su criterio, deberían revisarse. La iniciativa plantea una actualización integral del régimen societario, con eje en la flexibilización, la autonomía, la modernización y la seguridad jurídica.
También incorpora herramientas vinculadas con las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, y contempla figuras innovadoras como las Sociedades DAO (Organizaciones Autónomas Descentralizadas).
Abrió la ronda de oradores el abogado y magíster en Derecho Empresario Carlos Molina Sandoval, quien analizó el conflicto societario del proyecto y señaló que “en la macro de la ley se nota la influencia europea y angloamericana, lo que hace que sea un proyecto que no esté definido necesariamente porque el conflicto societario está relacionado con sociedades cerradas familiares, estructuras jurídicas inadecuadas, carencia de bienes procesales y cierta inseguridad jurídica”.
Así, destacó las herramientas previstas en la iniciativa de ley para “abordar los conflictos societarios de manera más rápida y eficiente”, con el objetivo de reducir costos transaccionales. Asimismo, resaltó que el proyecto se estructura sobre “cuatro ejes: flexibilización, autonomía, modernización societaria y seguridad jurídica”.
“Es una necesidad imperiosa regular los grupos societarios a la hora de establecer ciertos criterios. Estas regulaciones pueden mejorarse, pero tienen elementos suficientes para poder suplir una carencia que tiene la ley y, en ese sentido, sigue el proyecto del 2015 que luego fue derogó”, manifestó y resaltó: “Los instrumentos de inversión está regulado, se toman los aportes irrevocables y se le da mucha más libertad para poder financiar. Se establecen mecanismos de medidas cautelares. Me gusta cómo está regulada la intervención judicial. El proyecto aporta soluciones necesarias para la resolución de conflictos societarios”.
Por su parte, Guillermo Rubano, director de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio de La Pampa, coincidió en la necesidad de actualizar la normativa que está vigente desde 1972, aunque advirtió sobre posibles avances sobre competencias provinciales. En ese sentido, remarcó que los registros ya trabajan desde 2017 en procesos de simplificación, digitalización y transparencia.
“Es muy lindo el texto de la norma, pero no hace más que venir a traer algo que ya en las jurisdicciones venimos haciendo hace tiempo. Como registro provincial si me hace ruido porque los conflictos societarios en La Pampa se siguen resolviendo en los tribunales ordinarios, tenemos una justicia ordenada y ágil. Me parece mal que, a través de una ley, necesaria, va a tratar solo un tipo jurídico pueda modificar el código civil y que nos venga a decir cómo tenemos que trabajar”, apuntó y pidió: “Hay que revisar el articulado de la ley con respecto al avasallamiento de las competencias federales que tenemos en cada registro. Llámennos porque tenemos varias críticas al articulado respecto de la competencia. Una ley nacional sobre sociedades comerciales venir a decirnos a los registros cómo tenemos que organizarnos y tendrían que haber consultado antes”.
A continuación, el diputado nacional (MC) y ex intendente de Almirante Brown, Darío Giustozzi consideró que la reforma debería contemplar también una actualización del Código Civil y Comercial y del Código Penal, además de adecuar el conjunto de los marcos normativos a las nuevas formas de organización y gobierno.
En la misma línea, Jacob Saúl, inspector general de Justicia de La Rioja, sostuvo que “no existe oposición a la modernización del derecho societario ni a la digitalización y simplificación de trámites”, pero alertó que, bajo ese argumento, se avance sobre competencias que la Constitución Nacional reserva a las provincias.
A su turno, el doctor en Derecho y profesor titular de Derecho Societario de la Universidad Nacional del Sur, Diego Duprat, valoró las herramientas previstas para resolver conflictos societarios. Señaló que el proyecto introduce una concepción moderna y equilibrada, amplía la autonomía societaria y brinda mecanismos para atender los distintos intereses involucrados.
En cambio, Patricia Fernández Andreani, abogada y profesora titular de la Universidad Nacional del Comahue, cuestionó que la iniciativa no incorpore obligaciones para las grandes empresas vinculadas con criterios ESG, relacionados con compromisos medioambientales, derechos humanos y equilibrio de género.
En tanto, Eduardo Favier Dubois, profesor titular de Derecho Comercial de la Universidad de Buenos Aires, expresó su rechazo al proyecto en su actual formulación. «Este proyecto de ley debe ser rechazado por el Senado», sostuvo, y planteó que debería avanzarse en una reforma y actualización de la normativa vigente, pero no en una nueva ley. Asimismo, advirtió que la propuesta podría perjudicar a los acreedores, aunque reconoció que contiene capítulos que considera positivos.
También participaron de la jornada Gustavo Adrián Somoza López, abogado y docente de Derecho Societario de la Universidad de Buenos Aires; Esteban Wolf, empresario pyme; Luz Gabriela Masferrer, abogada y profesora de Derecho Societario de la Universidad Nacional del Nordeste; Lisandro Hadad, abogado, doctor en Derecho con posdoctorado en la Universidad de Bologna; Augusto Horacio Lorenzo Arduino, abogado y profesor titular de Derecho de Concursos y Quiebras de la Universidad Nacional del Nordeste; y Manuel Tanoira, abogado y socio fundador de Tanoira Cassagne.
Antes de culminar la jornada de exposiciones, la presidenta de la comisión anunció un nuevo encuentro para recibir al último grupo de especialistas previsto para la semana próxima con día y horario a confirmar.