El bloque de senadores de La Libertad Avanza, encabezado por su presente el senador Carlos Curestis, denunció que la administración de Axel Kicillof aumentó un 44% en términos “reales” el gasto en la planta política entre 2024 y 2025, al tiempo que presentaron un proyecto de ley para crear en la provincia un “régimen de transparencia activa” para que los datos duros de gestión estén actualizados y disponibles en una web abierta.
La movida busca generar un cambio de paradigma según el cual la información sobre la marca de la gestión, nivel de ejecución presupuestaria, estado de cuentas públicas, resultados de la actividad de las empresas estatales, subsidios, cantidad de personal, asistencia a municipios, estén obligatoriamente on line, algo que hoy no estaría ocurriendo según explicaron los legisladores.
La iniciativa obliga a los tres poderes del Estado, empresas estatales, prestatarias de servicios públicos y entes privados que manejen fondos públicos a digitalizar y publicar de manera permanente toda su información financiera, contractual y de personal en formatos abiertos.
El senador Diego Valenzuela explicando el proyecto junto al Carlos Curestis el presidente del bloque libertario.
El texto es impulsado por el senador de LLA Diego Valenzuela apunta a derogar el marco normativo de la Ley 12.475, vigente desde hace más de 25 años, al considerar que quedó obsoleta frente a los estándares internacionales de gobierno abierto, ya que la legislación vigente no prevé la publicación sistémica de datos unificados ni formatos reutilizables por máquina.
La propuesta introduce el principio de «presunción de publicidad», dictaminando que toda la información que genere o custodie cualquier sujeto obligado es pública, salvo excepciones estrictas vinculadas al secreto comercial, la estrategia judicial del Estado, la protección de datos personales o el riesgo de vida.
Un elemento central de la reforma es la unificación de los portales gubernamentales dispersos en un único Portal de Transparencia Activa y Datos Abiertos.
A través de esta plataforma digital, las reparticiones públicas deberán publicar obligatoriamente sus escalas salariales completas y nóminas de personal, ejecuciones presupuestarias detalladas por partida geográfica, licitaciones con sus respectivas redeterminaciones de precios, la composición de la deuda pública provincial y las transferencias discrecionales o de coparticipación enviadas a cada municipio.
Además, el Poder Ejecutivo tendrá que exponer la agenda oficial, las audiencias de gestión de intereses y los costos de los viajes institucionales del Gobernador y sus ministros.
Para garantizar la aplicabilidad de la norma, la iniciativa contempla la creación de una autoridad de aplicación que controlará el grado de cumplimiento de los organismos mediante informes anuales y resolverá denuncias ciudadanas.
Cualquier persona podrá presentar un reclamo gratuito por incumplimiento sin necesidad de acreditar un interés legítimo, ante lo cual la autoridad tendrá 30 días hábiles para intimar al organismo infractor.
El texto califica como «falta grave» la omisión injustificada de publicación para los funcionarios responsables, habilitando la aplicación de apercibimientos, la exposición pública del incumplimiento en el portal y la apertura de actuaciones disciplinarias.
Tras su eventual promulgación, los sujetos obligados tendrán un plazo de 12 meses para completar sus planes de adecuación tecnológica.