Un proyecto de ley presentado en el Senado bonaerense propone autorizar, de manera excepcional y por un plazo determinado, a los municipios de la provincia a reasignar hasta el 100% de los fondos coparticipados o transferidos provenientes del Impuesto Inmobiliario Rural que actualmente tienen como destino el mantenimiento de la red vial rural.
La iniciativa, presentada por el senador Sergio Vargas, con la coautoría de Silvana Ventura, busca que esos recursos puedan ser utilizados también para ejecutar obras de infraestructura hídrica, entre ellas drenajes pluviales, dragado y limpieza de canales, reparación o ampliación de alcantarillas, obras de defensa y adquisición de equipamiento específico.
La Comisión de Obras y Servicios Públicos del Senado fue el primer paso de una hoja de ruta que contempla además su análisis en las comisiones de Presupuesto e Impuestos y Legislación General.
De acuerdo con el texto, la autorización tendría una vigencia de 180 días corridos desde su publicación en el Boletín Oficial.
El proyecto aclara que se trata de una medida temporal y no modifica de manera permanente el régimen establecido por la Ley 13.010 respecto del destino de los recursos del Impuesto Inmobiliario Rural.
En los fundamentos, los autores sostienen que la normativa vigente establece una afectación específica de estos fondos al perfilado y mantenimiento de los caminos rurales, pero plantean la necesidad de otorgar a los municipios mayor flexibilidad para responder ante eventos climáticos severos.
Según argumentan, en determinadas situaciones resulta necesario intervenir previamente sobre canales, alcantarillas y sistemas de drenaje antes de realizar trabajos sobre los caminos.
El proyecto también vincula la propuesta con el escenario climático que, según sus fundamentos, podría afectar a distintos sectores de la provincia.
En ese sentido, menciona la posibilidad de episodios asociados al fenómeno de El Niño y advierte sobre el impacto que los excesos hídricos pueden generar sobre la infraestructura vial y la actividad productiva.
La iniciativa establece así un mecanismo de carácter extraordinario para que los municipios puedan utilizar los recursos destinados al mantenimiento vial rural en obras hídricas durante un período de seis meses, con el objetivo planteado por sus autores de atender situaciones de emergencia y mitigar posibles daños derivados de eventos climáticos
